6 Cosas Que Debes Saber Sobre La Persecución A La Iglesia Católica En Nicaragua
La Iglesia católica en Nicaragua continúa viviendo una dura realidad marcada por la persecución, el encarcelamiento y el exilio, una historia que se remonta a varias décadas pero que se ha intensificado en los últimos años con las acciones de la dictadura de izquierda del presidente Daniel Ortega y su esposa, la Vicepresidente Rosario Murillo.
Ortega es una figura familiar en la historia de Nicaragua. Ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en sus esfuerzos por derrocar la dictadura de Somoza, gobernó el país entre 1985 y 1990; y llegó al poder por segunda vez en 2007. Desde entonces se ha aferrado al poder. presidencia con elecciones consideradas dudosas y utilizando cualquier medio para lograrlo, como arrestar a candidatos de la oposición y presionar a la Iglesia.
La dictadura de Ortega no ha dudado en expulsar a monjas, cerrar medios de comunicación católicos, apoderarse de instituciones y edificios eclesiásticos, confiscar dinero que apoya las obras de la Iglesia y enviar a sacerdotes y obispos a prisión o al exilio.
Esta nueva ola de persecución ya se avecinaba en mayo de 2022, cuando la Asamblea Nacional controlada por el régimen publicó un informe acusando a obispos y sacerdotes de estar involucrados en un intento de golpe de estado y pidió el procesamiento de los líderes religiosos que apoyaron las marchas antigubernamentales de 2018. y exigió la confiscación de los bienes de la Iglesia.
Otro hecho que ha marcado la vida de la Iglesia en los últimos años fue el incendio provocado el 31 de julio de 2020 a la histórica imagen de la Sangre de Cristo, un gran crucifijo venerado en la catedral de Managua.
He aquí un resumen de seis cosas que la Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido en los últimos años bajo el régimen sandinista.
1. El deterioro de la relación de Nicaragua con el Vaticano
Una de las primeras cosas que se debe tomar en cuenta es el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y el Estado de la Ciudad del Vaticano, evidenciado en julio de 2018 cuando paramilitares y simpatizantes del gobierno atacaron al nuncio apostólico, el arzobispo Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y al obispo Silvio Báez durante una visita a la ciudad de Diriamba.
El declive continuó con la expulsión de Sommertag en marzo de 2022 y con el pedido del gobierno de Nicaragua de que se cerrara la nunciatura apostólica en Managua.
Esto finalmente se produjo el 17 de marzo de 2023, con la retirada del encargado de negocios de la nunciatura, monseñor Marcel Diouf. “El cierre de las oficinas diplomáticas de la Santa Sede se produjo a raíz de una solicitud del gobierno de Nicaragua el 10 de marzo de 2023”, informó Vatican News al día siguiente.
Días antes, el Papa Francisco había criticado duramente a Ortega y comparado su régimen con las burdas dictaduras de principios del siglo XX. En esa misma ocasión, el Santo Padre también lamentó que Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, terminara en prisión y lo calificó como un hombre “muy serio, muy capaz” que “quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.
2. Incautación de fondos de la Iglesia
En su intento de silenciar a la Iglesia, la dictadura Ortega-Murillo comenzó a cortar los recursos financieros de parroquias, diócesis y otras instituciones católicas.
El golpe más reciente fue el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Jesuita Centroamericana (UCA) el 9 de agosto y su expropiación seis días después, el 15 de agosto.
La estrategia de cortar el acceso de la Iglesia a sus fondos quedó evidenciada en mayo cuando se congelaron las cuentas bancarias de varias parroquias y diócesis, incluidas Matagalpa y Managua. El cardenal Leopoldo Brenes encabeza la Arquidiócesis de Managua. Al mes siguiente se congelaron las cuentas de más parroquias y diócesis.
El régimen justificó sus acciones acusando a la Iglesia de lavado de dinero y de haber realizado el “movimiento criminal de fondos” que supuestamente “entraban ilegalmente al país”.
Como consecuencia del congelamiento de las cuentas bancarias, señaló en julio la investigadora y abogada Martha Patricia Molina, “los sacerdotes ancianos no están recibiendo sus pensiones del fondo nacional de seguro para sacerdotes [de la Iglesia]”.
Según los registros, ya en junio de 2012 el gobierno sandinista había tomado medidas financieras contra la Iglesia. Según informó en 2023 el diario nicaragüense El Confidencial, ese mes las autoridades retuvieron más de 500.000 dólares que la agencia humanitaria Catholic Relief Services (CRS) había donado a la Diócesis de Estelí.
3. Congregaciones religiosas expulsadas
En julio de 2022, el régimen sandinista obligó a las Misioneras de la Caridad a abandonar Nicaragua después de que la Asamblea Nacional disolviera 101 organizaciones no gubernamentales, incluida la de las hermanas de la Madre Teresa y otras instituciones católicas.
Posteriormente vendría la salida de más congregaciones, como las Hermanas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús y las hermanas Trapenses de Nicaragua. También se han confiscado conventos y se ha expulsado a religiosas extranjeras.
Las congregaciones religiosas no suelen indicar el motivo de su salida. Sin embargo, defensores de derechos humanos como Molina señalan que abandonan el país por presiones del régimen.
“Entre los años 2022 y 2023, 65 religiosas han sido expulsadas y a otras seis de diferentes congregaciones religiosas se les ha prohibido el ingreso, para un total de 71”, informó Molina el 29 de julio. La abogada es autora del informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”
Según Molina, 10 congregaciones religiosas han sido afectadas. Además de las mencionadas anteriormente, también han sido víctimas de estas medidas las Hermanas Dominicas de la Anunciación y las Hermanas Pobres de Jesucristo de Nicaragua. Las otras cinco congregaciones no han sido mencionadas por motivos de seguridad.
4. Situación de Mons. Álvarez y otros sacerdotes
El obispo Álvarez de Matagalpa se ha convertido en el símbolo de la Iglesia perseguida. La policía del régimen no le permitió salir de la cancillería del 4 al 19 de agosto de 2022, cuando entraron a la fuerza en plena noche para llevarlo a Managua y mantenerlo bajo arresto domiciliario.
El prelado permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 10 de febrero, cuando fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por “traición”. Un día antes, Álvarez se negó a salir del país junto a otros 222 presos políticos que estaban siendo deportados por la dictadura a Estados Unidos, entre ellos cuatro sacerdotes, un diácono y dos seminaristas.
La sentencia fue recibida con gran preocupación por el Papa Francisco, que dedicó unas palabras al obispo encarcelado después del Ángelus dos días después.
Hasta donde se sabe, Álvarez se encuentra recluido en el penal La Modelo. A principios de julio hubo un intento de conseguir su liberación. Sin embargo, las negociaciones entre el régimen y la Iglesia de Nicaragua fracasaron y el obispo fue enviado de nuevo a prisión.
El 19 de agosto, un año después del violento arresto del prelado, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió su liberación inmediata.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Centroamérica y el Caribe Inglés (ACNUDH) condenaron “las continuas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de acceso a atención médica y medicamentos esenciales, el aislamiento al que ha sido sometido desde su detención en la cárcel La Modelo y las limitadas visitas familiares que se le han permitido”.
Según el informe de Molina sobre la Iglesia perseguida, desde que comenzó la crisis de 2018 se han registrado 193 ataques contra obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y religiosas. Estos incluyen vigilancia constante, amenazas, intentos de asesinato, golpizas, procesos penales y exilio.
El informe, actualizado a marzo de este año, señala que un obispo (Silvio Báez), 13 sacerdotes y dos diáconos han sido obligados a exiliarse. Además, fueron expulsados el nuncio apostólico y dos sacerdotes, mientras que cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas fueron exiliados.
5. Libertad de culto
Ante este panorama, surge la pregunta de si los fieles pueden seguir ejerciendo su culto libremente en Nicaragua.
En declaraciones del 22 de agosto a ACI Prensa, socio de noticias en español de la CNA, Molina explicó que “las parroquias están vigiladas las 24 horas del día por infiltrados que generalmente pertenecen al Consejo del Poder Ciudadano, que es un grupo de personas encargadas de monitorear a los opositores e incluirlos en una lista”, que luego se entrega a la policía.
Además, a los sacerdotes Tomás Sergio Zamora Calderón y William Mora se les prohibió por el régimen regresar a Nicaragua luego de haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, a principios de agosto.
En este sentido, explicó Molina, los católicos pueden participar en misas y celebrar sacramentos como bautismos y matrimonios, “pero siempre son monitoreados”.
“De hecho, las homilías de los curas siempre son grabadas y enviadas a lo que se conoce como El Carmen, que es el lugar donde vive el matrimonio dictatorial Ortega-Murillo” y donde se analizan los sermones de los párrocos.
Respecto a las procesiones, señaló que para la Semana Santa 2023 “se prohibieron más de 3.176 procesiones” en las calles. Esto significó que estas expresiones de fe debían realizarse dentro de las iglesias.
Si bien hubo reacciones de los fieles, como en la procesión de la Virgen de la Merced en 2022, la realidad es que el régimen utiliza los medios disponibles para impedirlas.
Molina explicó que la prohibición de realizar procesiones en las calles ya se había dado antes de la Semana Santa 2023 y también después de la misma. Aunque hubo algunas excepciones, “como la celebración de Santo Domingo que se realiza en Managua”, esto se debió a que es una fiesta muy concurrida donde la gente también va a tomar licor y divertirse.
“Entonces por cuestiones turísticas se permitió esa procesión, pero el resto están prohibidas”, dijo.
El investigador nicaragüense también señaló que los funcionarios intentan no notificar las prohibiciones por escrito sino que lo hacen a través de “visitas de cortesía” en las que informan verbalmente a los párrocos que “no pueden realizar las procesiones”.
“También se ha prohibido mencionar al obispo Rolando Álvarez en misas y oraciones”, dijo Molina. Informó que grupos de laicos, sacerdotes y seminaristas rezan en secreto por el obispo, “porque quien lo menciona en la homilía, en la misa… es inmediatamente visitado por la policía” e incluso puede ser arrestado.
6. Declaraciones oficiales de los obispos nicaragüenses
La Conferencia Episcopal de Nicaragua se destaca por su preocupación por la vida nacional y en varias ocasiones ha emitido pronunciamientos sobre elecciones u otros eventos de interés público.
Sin embargo, cuando su postura no ha sido del agrado del régimen, la dictadura ha respondido con acusaciones y ataques verbales.
Pese a esta situación, la Iglesia reiteró en noviembre de 2021 su oferta de mediar entre la oposición y el régimen para resolver la crisis política, pero Ortega la rechazó.
Respecto a la situación de Álvarez, los obispos emitieron un comunicado el 20 de agosto de 2022, un día después de que fuera expulsado por la fuerza de la cancillería diocesana en Matagalpa, afirmando que estaban “profundamente dolidos” por “esta herida” sufrida por la Iglesia en Nicaragua.
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Foto: eric-mok/unsplash