Los sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero han solicitado formalmente que el Vaticano inicie una investigación canónica sobre el cardenal Robert F. Prevost, actual Prefecto del Dicasterio para los Obispos y ex obispo de Chiclayo, Perú.
En una carta fechada el 25 de marzo, Shaun Dougherty, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP), presentó documentación a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y a otros tres dicasterios, afirmando que el manejo de las acusaciones de abuso por parte del Cardenal Prevost plantea graves preocupaciones bajo las normas de responsabilidad del Papa Francisco establecidas por Vos estis lux mundi.
“Nosotros, los miembros abajo firmantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP) deseamos informarle sobre la conducta del Cardenal Robert Prevost, Secretario General del Sínodo de los Obispos, consistente en acciones u omisiones destinadas a interferir o evitar una investigación civil o canónica”, afirma la carta.
Las acusaciones se refieren tanto al tiempo del cardenal Prevost como provincial de los agustinos en Chicago como obispo en el norte de Perú.
El caso del entonces padre James Ray, quien fue laicizado en 2012, forma parte del expediente. Acusado de 13 casos de abuso sexual contra menores, la Arquidiócesis de Chicago le prohibió ejercer el ministerio a principios de la década de 1990.
A pesar de estas restricciones, SNAP alega que, en el año 2000, a Ray se le permitió residir en el Monasterio Agustiniano St. John Stone en Hyde Park, Chicago, cerca de la Escuela Primaria St. Thomas the Apostle, bajo la autoridad del entonces provincial Robert Prevost. La carta también afirma que la administración escolar no fue informada de la presencia de Ray ni de su historial.
SNAP señaló que el Cardenal Prevost fue informado de las restricciones de Ray y su historial con menores cuando la Arquidiócesis de Chicago buscó su aprobación, como Provincial, para la residencia de Ray en el convento.
“Sin embargo, a Ray se le permitió vivir en el Priorato, cerca de una escuela primaria, sin informar a la administración”, declaró SNAP. “Al hacerlo, el Cardenal Prevost puso en peligro la seguridad de los niños que asistían a Santo Tomás Apóstol”.
Ray fue expulsado del convento en 2002.
En Perú, el caso se centra en las denuncias de varias mujeres que acusaron a los sacerdotes diocesanos Padres Eleuterio Vásquez Gonzáles y Ricardo Yesquen de abusar de ellas cuando eran menores de edad. Una de las presuntas víctimas, Ana María Quispe Díaz, se identificó públicamente y acusó a los dos sacerdotes de abusos que comenzaron cuando ella tenía 9 años.
Según la carta, tres víctimas contactaron al entonces obispo Prevost en abril de 2022, pero “las víctimas informan que no se les pidió que testificaran para una investigación ni fueron citadas por ningún investigador para tomar una declaración, y la diócesis no les ofreció ningún apoyo ni asistencia psicológica”.
Aunque la Diócesis de Chiclayo informó posteriormente las acusaciones al Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), SNAP sostiene que la investigación canónica se vio comprometida.
La DDF cerró el caso en agosto de 2023 tras el sobreseimiento de la investigación civil peruana por prescripción. Según SNAP, la decisión de la DDF se debió a la falta de pruebas esenciales que habrían sido accesibles si el entonces obispo Prevost no hubiera abierto una investigación tras las acusaciones.
“Como Ordinario de la Diócesis de Chiclayo, hay serias razones para creer que el Cardenal Prevost no siguió los procedimientos establecidos por la Santa Sede para llevar a cabo investigaciones tras denuncias de abuso”, afirma la carta.
SNAP también señaló supuestas tergiversaciones en las comunicaciones diocesanas, alegando que los sacerdotes acusados continuaron celebrando la misa pública incluso después de su supuesta suspensión. Se citan como prueba fotografías y capturas de pantalla de redes sociales.
“No se recogió el testimonio de las víctimas, el cardenal Prevost no notificó las acusaciones a las autoridades civiles y no se les ofreció apoyo ni asistencia psicológica”, afirmó SNAP.
Dado que el cardenal Prevost ahora ocupa un alto cargo en el Vaticano supervisando las investigaciones sobre los obispos, SNAP enfatizó la importancia de un proceso imparcial y transparente.
“Dado que solicitamos que se le someta a una investigación”, declaró la organización, “esta investigación no solo debe ser supervisada por otras autoridades, sino que es aún más urgente que se realice una investigación y se hagan públicos sus resultados”.