SCOTUS Oye Argumentos Para Cortar Financiación Estatal De Medicaid Al Aborto
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el miércoles argumentos orales en un caso que podría decidir si los estados pueden dejar de financiar a Planned Parenthood a través del programa federal Medicaid.
En Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, el estado de Carolina del Sur está defendiendo su derecho a excluir a los proveedores de servicios de aborto de recibir dólares de los contribuyentes de Medicaid.
En una conferencia de prensa posterior a los argumentos orales, el abogado principal de Alliance Defending Freedom (ADF), John Bursch, quien argumentó ante el Tribunal Superior en nombre del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur, describió el caso como uno “que decidirá si Carolina del Sur tiene la libertad de dirigir los dólares de Medicaid de los contribuyentes de una manera que crea que beneficiará más a las mujeres y familias de bajos ingresos”.
Bursch dijo que Planned Parenthood se dedicaba a “realizar abortos y proporcionar medicamentos peligrosos para la transición de género, no atención médica integral”, y citó detalles financieros de los propios informes anuales de Planned Parenthood como evidencia.
“Según sus propios informes, Planned Parenthood realiza entre un tercio y dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos anualmente, mientras que la prestación de otros servicios médicos disminuyó”, afirmó. “Entre 2022 y 2023, las consultas de atención preventiva disminuyeron un 31 % y el número de pacientes atendidos anualmente se redujo un 60 % desde la década de 1990. Mientras tanto, los servicios de detección y prevención del cáncer se redujeron un 71 % desde 2010”.
Busch luego hizo referencia a una investigación del New York Times de febrero que describía a una organización Planned Parenthood “en crisis” y brindando “atención médica chapucera”.
Según la noticia explosiva, afirmó, “en los últimos cinco años, la oficina nacional ha distribuido más de $899 millones a afiliados para ayudarlos a brindar atención, pero nada de eso fue directamente a los servicios médicos”.
“Gran parte de este dinero se destinó, en cambio, a la política abortista y al apoyo legal”, observó Busch. “Los propios líderes de Planned Parenthood afirman que han priorizado repetidamente la lucha política por el aborto sobre el apoyo a sus afiliados, que se supone que brindan atención a las mujeres. En resumen, el liderazgo de Planned Parenthood ha priorizado abiertamente el activismo abortista sobre el mantenimiento de sus instalaciones y la atención médica esencial para pacientes de bajos recursos”.
Además de ser el mayor proveedor de abortos del país, Planned Parenthood también se ha convertido en el “segundo mayor proveedor de medicamentos peligrosos para la transición de género” de Estados Unidos, continuó Bursch. “Incluso admiten administrárselos a menores de todo el país. Estos medicamentos causan daños irreversibles y crean dependencias médicas de por vida”.
“Los contribuyentes no deberían verse obligados a financiar una organización que se beneficia del aborto e impulsa tratamientos experimentales en niños vulnerables, y las mujeres de bajos ingresos tienen derecho a un mejor tratamiento que el que brinda Planned Parenthood”, dijo Busch, explicando que Carolina del Sur ya ofrece alrededor de 200 clínicas de atención médica financiadas con fondos públicos que brindan numerosos servicios de atención médica de alta calidad, incluida la planificación familiar.
“Tenemos la esperanza de que la Corte afirme que el Congreso nunca tuvo la intención de que los beneficiarios de Medicaid pudieran arrastrar a los estados a los tribunales federales para defender las decisiones de descalificación de proveedores individuales, o que los tribunales anularan las decisiones razonables de los estados sobre quién está calificado para brindar atención médica”, dijo Busch.
En un comunicado de prensa emitido tras los argumentos orales, el representante Chris Smith, republicano por Nueva Jersey y copresidente del Caucus Pro-Vida de la Cámara de Representantes, dijo que “Carolina del Sur decidió acertadamente poner a disposición sus dólares de Medicaid para opciones de atención médica reales que afirmen la vida”.
“La industria multimillonaria del aborto comercializa astutamente la sofistería de la libertad de elección, mientras se esfuerza al máximo por ignorar, trivializar y encubrir a la bebé víctima de maltrato”, añadió Smith. “Sin embargo, la verdad es que la decapitación, el desmembramiento y la inanición infantil que ocurren en Planned Parenthood no son atención médica”.
La oficina de Smith observó que “los reembolsos de Medicaid son por lejos la mayor fuente de financiación federal de Planned Parenthood, proporcionando 1.500 millones de dólares en reembolsos a nivel nacional durante tres años”.
El acceso de Planned Parenthood a la financiación de Medicaid “sigue siendo incierto”, informó el Washington Examiner después de lo que describió como “una intensa sesión de argumentos orales” ante el Tribunal, durante la cual “el aborto sólo se mencionó brevemente”.
“Gran parte del debate en la sala del tribunal no se centró en el aborto, sino en si los pacientes tienen legitimidad legal para impugnar la decisión del estado”, señaló el Examiner .
Según se informa, Bursch dijo al medio de comunicación que su equipo se sentía confiado en su caso.
“Los jueces parecieron entender el punto que estábamos planteando, que es que el Congreso crea derechos exigibles en un tribunal federal solo cuando utiliza un lenguaje claro y explícito en el estatuto, y esa disposición de la que estamos hablando hoy simplemente no tiene eso”, dijo, y agregó que cuatro de los jueces (Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, John Roberts y Amy Coney Barrett) parecían abiertos a la opinión de Carolina del Sur.
Kavanaugh, en particular, señaló el informe, afirmó que “este tribunal no ha brindado orientación” sobre el tema central del caso, y agregó: “Uno de mis objetivos al salir de esto será brindar esa claridad”.
En 2018, Carolina del Sur, un estado provida, determinó mediante una orden ejecutiva del gobernador republicano Henry McMaster que Planned Parenthood, cuyo principal servicio es el aborto, no cumplía los requisitos para recibir fondos públicos del programa Medicaid. Sin embargo, una demanda interpuesta en nombre de un usuario de Medicaid condujo a un tribunal federal de distrito que obligó al estado a restituir permanentemente la financiación de Planned Parenthood.
Los abogados de la ADF apelaron ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4.º Circuito, que falló en contra de Carolina del Sur. Tras varios años de litigio, la Corte Suprema concedió la revisión en diciembre.