Un juez federal se puso del lado de la administración Trump el viernes 11 de abril, por ahora, permitiendo que los agentes de inmigración realicen operaciones de cumplimiento de la ley en los lugares de culto.
El juez federal de distrito Dabney Friedrich en Washington, DC, encontró que los demandantes, un grupo de organizaciones religiosas, “carecen de legitimación o derecho legal para demandar, ya que solo un puñado de acciones de cumplimiento de las leyes de inmigración se han llevado a cabo dentro o alrededor de iglesias u otros lugares de culto”, según un informe de Associated Press.
Más de dos docenas de grupos progresistas cristianos y judíos, desde la Iglesia Episcopal y la Unión para el Judaísmo Reformista hasta los Unitarios Universalistas, presentaron una demanda ante un tribunal federal a principios de febrero. Los obispos católicos estadounidenses no se unieron al grupo.
La demanda Mennonite Church USA et al. v. United States Department of Homeland Security et al. desafió la política de la administración Trump de permitir arrestos de ICE en “áreas sensibles” como juzgados, escuelas e iglesias.
Según la demanda, la política de control migratorio “está propagando el miedo a las redadas, lo que reduce la asistencia a los servicios religiosos y otros importantes programas religiosos”. El grupo argumentó que las nuevas regulaciones vulneraban la libertad religiosa de los grupos para “ministrar a los migrantes, incluidos aquellos que se encuentran sin autorización en Estados Unidos”.
El juez Friedrich escribió que, al menos en este momento y según el expediente, los demandantes no han demostrado debidamente una ‘amenaza creíble’ de ejecución. El expediente actual tampoco demuestra que los lugares de culto estén siendo señalados como objetivos especiales.