El gobernador Bob Ferguson invoca su fe católica para firmar una ley que desafía uno de los principios más sagrados de la Iglesia.
En una decisión que ha encendido alarmas entre líderes religiosos, juristas y defensores de la libertad religiosa, el gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, firmó este viernes una controvertida ley que obligará a los sacerdotes católicos a revelar lo escuchado en el confesionario si se trata de presuntos abusos, bajo amenaza de cárcel. La medida representa un ataque directo al sello sacramental de la confesión, que la Iglesia considera inviolable bajo pena de excomunión.
El gobernador izquierdista de Washington firmó una ley que obliga a los sacerdotes a divulgar abusos si se enteran de ellos en el confesionario. El gobernador, considerado católico, citó su fe y a su tío, sacerdote jesuita. pic.twitter.com/QbHDUaWFwu
— VotoCatolico (@votocatolicousa) May 5, 2025
La ley, identificada como SB 5375, fue impulsada por la senadora estatal Noel Frame y elimina de manera explícita la “comunicación privilegiada” para los sacerdotes, que sigue vigente para otros profesionales como psicólogos o trabajadores sociales. El proyecto fue aprobado en el Senado estatal con 28 votos a favor —todos demócratas excepto dos— y 20 en contra —todos republicanos—, lo que revela una clara fractura ideológica en torno al respeto a la libertad religiosa.
A diferencia de versiones anteriores, este año la propuesta de Frame no contempla ninguna protección o exención para los sacerdotes, eliminando por completo el privilegio clero-penitente. Aunque la senadora asegura que la norma no busca obligar a los sacerdotes a testificar en juicios, sino simplemente a reportar posibles casos de abuso, el texto legal no lo especifica, y los críticos advierten que en la práctica eso significará romper el secreto de confesión.
La Conferencia Católica del Estado de Washington, que el año pasado apoyó parcialmente una versión anterior de la ley por temor a medidas aún más restrictivas, esta vez evitó pronunciarse públicamente antes de la firma del gobernador. El obispo auxiliar de Seattle, Frank Schuster, expresó su oposición y relató cómo ha podido ayudar a víctimas de abuso sin vulnerar el sigilo confesional, siendo reprendido por la propia senadora Frame durante el debate.
Según el derecho canónico de la Iglesia católica, cualquier sacerdote que rompa el sello de la confesión incurre automáticamente en excomunión (latae sententiae) reservada al Papa, incluso si lo hace de forma indirecta. El canon 1386 del Código de Derecho Canónico establece claramente que:
“Un confesor que viola directamente el sello sacramental incurre en excomunión automática reservada a la Sede Apostólica; quien lo haga sólo indirectamente será castigado según la gravedad de la falta.”
Esto significa que un sacerdote que obedezca la ley SB 5375 y denuncie lo oído en confesión, incluso con la intención de proteger a una posible víctima, quedaría inmediatamente excluido de los sacramentos y funciones eclesiales sin necesidad de juicio previo. La norma, por tanto, coloca a los sacerdotes en un dilema insostenible: violar la ley civil o desobedecer a su Iglesia y ser excomulgados.
Desde el punto de vista constitucional, varios expertos legales han advertido que la ley podría ser impugnada por violar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de religión. “Esto no es simplemente una cuestión de reporte obligatorio, es una interferencia directa del Estado en una práctica sacramental protegida durante siglos”, señaló Montse Alvarado, directora del Becket Fund for Religious Liberty, una organización que defiende la libertad religiosa en los tribunales estadounidenses.
La firma de la ley ha generado críticas incluso entre algunos sectores progresistas que consideran que el precedente es peligroso. “Hoy son los católicos, mañana puede ser cualquier otra comunidad religiosa cuya doctrina entre en conflicto con la moral del Estado”, advirtió el pastor luterano Jonathan Meyer en una carta abierta publicada tras la aprobación del proyecto.
Paradójicamente, Ferguson justificó la firma del proyecto invocando su “fe católica” y la figura de su tío, un sacerdote jesuita, como ejemplo de compromiso con las víctimas. Sin embargo, para muchos católicos esta defensa resulta ofensiva. “Nadie puede ampararse en una fe que al mismo tiempo pisotea”, escribió el comentarista Matt Lamb, quien denunció que Ferguson ha perseguido judicialmente a organizaciones provida y amenazado con procesar a candidatos conservadores durante su etapa como fiscal general.
Con esta ley, Washington se convierte en el primer estado de EE.UU. en eliminar explícitamente la protección del sigilo confesional sin excepción alguna. Para los creyentes, esto sienta un grave precedente de persecución legal y erosiona uno de los últimos bastiones de la conciencia moral frente al poder político. Mientras tanto, la Iglesia se prepara para lo que muchos temen será una larga batalla judicial y cultural en defensa de su libertad más íntima: el perdón sacramental.