La Corte Suprema avala veto trans de Trump en el Ejército
La Corte Suprema se puso del lado de la administración Trump el martes, permitiendo la aplicación de su política militar que prohíbe a las personas “transgénero” prestar servicio al levantar la orden de un juez federal que había bloqueado su implementación.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el fallo como una “victoria MASIVA”.
“El presidente Trump y el secretario Pete Hegseth están restaurando un ejército centrado en la preparación y la letalidad, no en la DEI ni en la ideología de género progresista”, escribió Leavitt en X.
La decisión surge tras una solicitud del gobierno de Trump el mes pasado, instando a la Corte a intervenir. El juez federal de distrito Benjamin Settle, de Washington, había emitido una orden judicial contra la política en marzo, alegando cuestiones constitucionales y argumentando que el gobierno no había justificado la prohibición.
El Departamento de Justicia (DOJ) advirtió que sin la intervención de la Corte, la orden judicial podría permanecer vigente durante meses, obstruyendo las operaciones militares y socavando la seguridad nacional.
“A falta de una suspensión, la orden judicial universal del tribunal de distrito permanecerá vigente mientras dure la revisión posterior en el Noveno Circuito y en este Tribunal, un período demasiado largo para que las fuerzas armadas se vean obligadas a mantener una política que han determinado, a su juicio profesional, que es contraria a la preparación militar y a los intereses de la nación”, escribió el Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, en un expediente.
La política controvertida se emitió mediante una orden ejecutiva de enero y fue desarrollada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Prohíbe el alistamiento de personas transgénero, suspende los llamados procedimientos de “afirmación de género” para los militares y autoriza la baja del personal diagnosticado con disforia de género.
Un memorando del Pentágono de febrero defendió la política, argumentando que las personas con disforia de género a menudo enfrentan limitaciones médicas y psicológicas incompatibles con las exigencias del servicio militar.
“Es política del Gobierno de los Estados Unidos establecer estándares elevados para la preparación, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad de los miembros del servicio”, afirma el memorando.
“Esta política es incompatible con las restricciones médicas, quirúrgicas y de salud mental impuestas a las personas con disforia de género o que tienen un diagnóstico o antecedentes actuales de disforia de género, o presentan síntomas compatibles con dicha disforia”.
El fallo de la Corte Suprema permite a la administración restablecer su política, mientras continúan desafíos legales más amplios en tribunales inferiores.