El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que restringe el ingreso de ciudadanos de varios países por motivos de seguridad nacional. La medida actualiza el controvertido “travel ban” de 2017 y busca impedir que actores hostiles o redes criminales se infiltren en el país. Aunque genera críticas por parte de organizaciones de derechos civiles, la Casa Blanca defiende su legalidad y necesidad.
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una nueva orden ejecutiva que restringe el ingreso de ciudadanos de varios países a Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional. La medida afecta a ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Yemen, Somalia, Corea del Norte y Venezuela, y se basa en evaluaciones realizadas por las agencias de inteligencia y seguridad del país.
Según el texto oficial, la orden busca “impedir la entrada de personas que puedan representar amenazas para el pueblo estadounidense”, ya sea debido a la falta de cooperación de sus gobiernos en materia de intercambio de información, o a la existencia de antecedentes vinculados a terrorismo, crimen organizado o actividades subversivas.
La prohibición es total para los ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Yemen y Somalia, quienes no podrán acceder a ningún tipo de visa para ingresar a Estados Unidos. En el caso de Corea del Norte y Venezuela, las restricciones se centran en funcionarios gubernamentales, sus familiares y sectores vinculados a los servicios de inteligencia y seguridad.
La secretaria de Seguridad Nacional, Pam Bondi, declaró que “la primera obligación del gobierno federal es proteger a nuestros ciudadanos. Esta orden asegura que aquellos que buscan ingresar a nuestro país sean rigurosamente evaluados y que ningún actor hostil pueda aprovecharse de nuestros sistemas”.
Esta política actualizada tiene como antecedente directo el conocido “travel ban” implementado por Trump en 2017, durante su primer mandato. En ese entonces, el decreto presidencial prohibía la entrada a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, y fue objeto de intensos debates políticos y judiciales.
Después de varios recursos legales, la Corte Suprema de Estados Unidos terminó avalando la legalidad de la medida en junio de 2018, afirmando que el presidente tiene amplias facultades para determinar quién puede ingresar al país por razones de seguridad nacional.
Ahora, con este nuevo decreto, la administración Trump fortalece y amplía esa línea de acción, argumentando que la amenaza de actores hostiles y redes criminales sigue vigente y exige respuestas contundentes.
Como era previsible, la orden ejecutiva ha generado críticas de organizaciones de derechos civiles y de sectores políticos opositores, que la consideran discriminatoria y contraria al espíritu de apertura de Estados Unidos.
Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que se trata de una medida legítima y necesaria. “Estados Unidos es un país de puertas abiertas para quienes respetan nuestras leyes y vienen a contribuir de manera positiva. Pero no toleraremos que regímenes hostiles o redes criminales utilicen nuestros procesos migratorios para infiltrarse en nuestra nación”, enfatizó el presidente Trump en su declaración oficial.
Además, la administración recuerda que las restricciones no son arbitrarias, sino el resultado de una evaluación técnica exhaustiva realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Estado y otras agencias de inteligencia.
La orden entrará en vigor de inmediato y establece un mecanismo de revisión semestral. Cada seis meses, se evaluará si los países incluidos han mejorado sus estándares de seguridad y cooperación. En función de esos avances, la lista podría ser modificada.
Este enfoque flexible busca incentivar a los gobiernos extranjeros a adoptar mejores prácticas en el control migratorio y en la verificación de antecedentes de sus ciudadanos.
Más allá del ámbito migratorio, esta política también tiene implicancias diplomáticas. Las relaciones bilaterales con los países afectados —en especial Irán, Venezuela y Corea del Norte, con los cuales Estados Unidos ya mantiene tensiones— podrían deteriorarse aún más.
Por otro lado, la medida refuerza el mensaje de la administración Trump en el escenario internacional: Estados Unidos está decidido a ejercer plenamente su soberanía y a proteger sus fronteras frente a cualquier amenaza, en consonancia con su doctrina de “America First”.