El sábado por la noche, la violencia estalló nuevamente en Portland, Oregón, cuando una turba organizada atacó una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejando como saldo cuatro agentes heridos, múltiples daños materiales y una nueva evidencia de que la izquierda radical está dispuesta a incendiar las calles para sabotear a la Administración Trump.
El incidente, confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales, piedras, granadas de humo, la destrucción de ventanas y el ingreso forzado al edificio. La reunión fue declarada ilegal por la Policía de Portland apenas pasada las 6:30 p. m., y momentos después se reportó una emergencia médica dentro del local, lo que obligó a solicitar a los manifestantes que despejaran la entrada. No obstante, la violencia continuó, impulsada por grupos que, lejos de expresar una preocupación legítima por los migrantes, buscan repetir el caos del verano de 2020.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, advirtió que los ataques contra agentes federales se han incrementado un 413 % y que el gobierno federal “no se quedará de brazos cruzados viendo a estos cobardes atacar a quienes hacen cumplir la ley”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó firmemente a ICE y advirtió que los responsables serán procesados con todo el peso de la ley.
El ataque coincidió con filtraciones de información personal de agentes en redes sociales, en un intento evidente de amedrentar al personal. El DHS denunció esta campaña de intimidación y reafirmó que las leyes migratorias se seguirán aplicando con firmeza: “La intimidación y las amenazas de los alborotadores no nos disuadirán”, enfatizó la entidad.
Cinco años después de los disturbios provocados por la muerte de George Floyd, sectores del Partido Demócrata y grupos de extrema izquierda han encontrado en las redadas migratorias una nueva excusa para alimentar el fuego del desorden social. La narrativa es clara: disfrazar de protesta legítima lo que en realidad es un intento de desestabilizar al gobierno federal.
La reacción de políticos como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, ha seguido el libreto de 2020: condenar el uso de la Guardia Nacional y acusar al presidente Trump de “militarizar” las protestas. Sin embargo, mientras ellos defienden el “derecho a manifestarse”, la realidad muestra coches incendiados, edificios destruidos y agentes federales heridos por turbas violentas.
A medida que la violencia crece y se extiende a otras ciudades, muchos demócratas han empezado a recular. Aunque insisten en distinguir entre “manifestantes pacíficos” y “minorías violentas”, las medidas adoptadas –toque de queda en el centro de Los Ángeles y endurecimiento de cargos contra los detenidos– demuestran que la situación es insostenible. Algunos, como el senador Dick Durbin, incluso han llegado a negar que su partido haya respaldado las manifestaciones, pese a que la hemeroteca lo contradice.
Aun así, algunos demócratas insisten en explotar políticamente la situación. El senador Alex Padilla intentó convertir su interrupción agresiva durante una conferencia de prensa de la secretaria Noem en un acto de “resistencia heroica”, difundiendo imágenes de su detención como si se tratara de un mártir del trumpismo.
Lejos de reducir su agresividad, los grupos de izquierda planean 1.800 manifestaciones en el llamado “No Kings Day”, programadas para coincidir con el cumpleaños del presidente Trump el 14 de junio. No se trata de eventos espontáneos: muchos de estos grupos reciben fondos de multimillonarios y entidades extranjeras, entre ellas organizaciones vinculadas al Partido Comunista Chino, lo que evidencia una estructura organizada para generar caos con fines políticos.
Una de las pocas voces dentro del Partido Demócrata que ha mantenido una postura coherente ha sido la del senador John Fetterman, quien desde el inicio condenó públicamente los disturbios. En una publicación en X, acompañó una foto de un coche en llamas con una bandera mexicana con el siguiente mensaje: “Apoyo sin disculpas la libertad de expresión, las manifestaciones pacíficas y la inmigración, pero esto no es eso. Esto es anarquía y caos verdadero. Mi partido pierde la autoridad moral cuando nos negamos a condenar que se incendien autos, se destruyan edificios y se agreda a las fuerzas del orden.”
Lo sucedido en Portland no es un hecho aislado, sino el reflejo de una estrategia coordinada para deslegitimar al gobierno federal y sembrar el caos bajo la apariencia de lucha social. Mientras ICE y el DHS intentan cumplir su deber en medio de ataques, los demócratas se debaten entre explotar políticamente el desorden o enfrentarlo. La Administración Trump, por su parte, ha dejado claro que no tolerará la violencia contra quienes hacen cumplir la ley.
El desafío no es solo migratorio o policial. Es, en el fondo, una batalla por el orden, la autoridad legítima y el futuro del país frente a quienes promueven el caos como método de poder.