El 18 de junio, la Corte Suprema emitió una decisión histórica de 6 a 3 que confirma la prohibición de Tennessee de los procedimientos médicos destinados a la “transición” de los niños a un género diferente, lo que marca una importante victoria para los estados que buscan proteger a los menores de las intervenciones médicas experimentales.
El eje central del caso, Estados Unidos contra Skrmetti, fue el Proyecto de Ley 1 del Senado de Tennessee de 2023, que prohíbe el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas e intervenciones quirúrgicas en menores con disforia de género. Los legisladores estatales defendieron la ley como una salvaguardia necesaria contra daños irreversibles.
El Departamento de Justicia de la administración Biden, junto con grupos activistas, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, desafió la ley, alegando que violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda.
Sin embargo, escribiendo para la mayoría, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, rechazó ese argumento, enfatizando que esos debates sobre políticas no pertenecen a los tribunales.
“La Cláusula de Igual Protección no resuelve estos desacuerdos. Tampoco nos autoriza a decidirlos como mejor nos parezca”, escribió Roberts. “Nuestra función no es ‘juzgar la prudencia, la imparcialidad o la lógica’ de la ley que tenemos ante nosotros… sino únicamente asegurarnos de que no viole la garantía de igualdad ante la ley de la Decimocuarta Enmienda.
“Habiendo concluido que no”, continuó, “dejamos las preguntas sobre su política en manos del pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático”.
La opinión citó las conclusiones legislativas de Tennessee de que estos procedimientos “pueden hacer que el menor se vuelva irreversiblemente estéril, tenga mayor riesgo de padecer enfermedades o sufra consecuencias psicológicas adversas y a veces fatales”.
Cabe destacar que los tres jueces liberales discreparon, y la jueza Sonia Sotomayor afirmó que la ley de Tennessee “discrimina por motivos de sexo”.
Alliance Defending Freedom (ADF), que presentó un escrito amicus curiae en octubre de 2024 en apoyo de Tennessee, elogió el fallo como una “victoria monumental para los niños, la ciencia y el sentido común”.
“Nadie tiene derecho a dañar a un niño”, declaró Kristen Waggoner, directora ejecutiva y presidenta de ADF . “El gobierno de Biden y la ACLU solicitaron al tribunal que creara un ‘derecho constitucional’ para administrar a los niños medicamentos y cirugías experimentales y nocivos que los convierten en pacientes de por vida. Esto habría obligado a los estados a basar sus leyes en ideologías, no en evidencias, con el inmenso perjuicio de innumerables niños”.
Según ADF, otros veintiséis estados han promulgado leyes similares.
El fallo se produce en medio de una creciente oposición pública contra la promoción de procedimientos “transgénero” para menores.
En mayo, un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) encontró evidencia científica “muy débil” que respalda la llamada “atención de afirmación de género”, al tiempo que advirtió sobre graves riesgos a largo plazo.
Varios hospitales también han suspendido estos procedimientos nocivos después de que el presidente Donald Trump firmara en enero una orden ejecutiva contra la “mutilación” de niños.