El representante Riley Moore, RW.Va., pidió a la fiscal general Pam Bondi que inicie una investigación completa sobre las muertes de los “Cinco de DC”, los cinco bebés fallecidos recuperados de una clínica de abortos de Washington, DC en 2022, cuyas brutales muertes conmocionaron a la nación y plantearon serias acusaciones de infanticidio.
Rep. Riley M. Moore formally urges Attorney General Pam Bondi to launch an investigation into the disturbing deaths of the DC 5, emphasizing the need for accountability and answers.
— CatholicVote (@CatholicVote) June 23, 2025
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Los restos de los cinco bebés abortados se recuperaron en 2022 de un centro de Washington D. C. dirigido por el conocido abortista Cesare Santangelo. Los restos de los bebés provocaron una gran indignación entre los provida, quienes sugirieron que podrían haber sido asesinados ilegalmente, violando la Ley de Aborto por Nacimiento Parcial y la Ley de Protección de Infantes Nacidos Vivos.
Durante una audiencia el 23 de junio, Moore, un católico, acusó al Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden de suprimir activamente el caso al ordenar la destrucción de los restos de los bebés sin autopsias adecuadas.
“Los informes públicos sugieren que el Departamento de Justicia del presidente Biden ordenó al médico forense jefe de DC que destruyera los restos de los niños sin realizar una autopsia, algo que el CME parece no haber hecho todavía”, dijo Moore.
“General Bondi”, continuó, “¿se compromete a trabajar conmigo y con este comité para llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa sobre la muerte de estos niños y garantizar que se haga justicia para los cinco de DC?”
Bondi confirmó que el asunto sigue siendo una “investigación en curso” y agregó que “no puede discutirlo en este foro”.
Sin embargo, señaló que en enero el presidente Donald Trump indultó a más de una docena de activistas provida que fueron procesados agresivamente por el Departamento de Justicia de la administración Biden.
En lugar de investigar la clínica responsable de las muertes de los cinco de DC, el Departamento de Justicia de Biden decidió procesar a los activistas pro vida, condenando a algunos a hasta 11 años de prisión bajo la controvertida Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE).
CatholicVote, junto con otras nueve organizaciones pro vida, envió una carta el 27 de mayo a la fiscal estadounidense Jeanine Pirro instando a una investigación criminal completa sobre el presunto infanticidio.
“De todas las grandes cosas que el presidente Trump ha hecho desde su reelección, liberar a los provida que fueron perseguidos y cuestionados injustamente es la más importante”, dijo en ese momento Tom McClusky, director de Asuntos Gubernamentales de CatholicVote.
“Lo que ocurrió en Washington D. C. fue atroz; un grupo de activistas provida expuso las actividades ilegales de un centro de abortos de Washington D. C., y el gobierno de Washington D. C., en cambio, protegió a los criminales y atacó a los activistas provida”, añadió. “Ya es hora de que se investiguen los crímenes del centro de abortos y se los lleve ante la justicia”.
Las renovadas demandas de rendición de cuentas se hacen eco de los llamados anteriores de los representantes Chip Roy, republicano por Texas, y Andy Biggs, republicano por Arizona, quienes anteriormente instaron al FBI a investigar las muertes.
El llamado a la justicia llega justo un día antes del aniversario, el 24 de junio, de la derogación del caso Roe v. Wade, lo que añade una renovada urgencia a las demandas del movimiento pro vida.