Por: Horacio Giusto
De acuerdo a Salle de presse du Saint-Siège, Conférence des évêques de France y Le Figaro, el pasado 5 de julio de 2025, el papa León XIV designó a monseñor Thibault Verny, arzobispo de Chambéry, como nuevo presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en reemplazo del cardenal Sean O’Malley. Esta elección, aunque no explicada oficialmente, parece estar cargada de significado, sobre todo si se considera la situación particularmente delicada que atraviesa la Iglesia en Francia tras el impacto del informe de la CIASE sobre los abusos.
La Comisión Pontificia, creada en 2014 por el papa Francisco y desde 2022 integrada en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha convertido en un organismo esencial para asesorar a la Santa Sede en políticas de prevención y en la atención a las víctimas. Bajo la conducción del cardenal O’Malley, esta instancia no solo elaboró directrices, sino que también formó a numerosas conferencias episcopales, procurando siempre que las víctimas ocupen el centro de la atención eclesial.
Monseñor Verny, de 59 años y formado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, cuenta con credenciales que lo avalan en esta misión. Su experiencia previa como obispo auxiliar de París (2016-2022), donde lideró la coordinación con la fiscalía parisina para reforzar la protección de menores, evidencia un perfil pragmático y abierto a la colaboración con el poder civil, algo que en otros tiempos la Iglesia hubiese mirado con recelo. Además, su paso por la Comisión Pontificia desde 2022 y su labor pastoral en África añaden un peso internacional a su trayectoria.
Más allá de los méritos personales de Verny, hay razones estratégicas que podrían explicar la decisión del Vaticano. El manejo que la Conferencia Episcopal Francesa hizo del escándalo de los abusos, delegando la investigación a la CIASE (una comisión independiente), no convenció en Roma. El informe de la CIASE, publicado en octubre de 2021, planteaba que el fenómeno de los abusos tenía un carácter sistémico dentro de la Iglesia en Francia, lo cual fue recibido con incomodidad por el Vaticano. No tanto porque se negara la gravedad de los hechos, sino porque se percibía que el informe insinuaba que el mal estaba incrustado en la propia estructura de la Iglesia, lo que equivale a una acusación doctrinal o institucional.
Esa tensión quedó en evidencia cuando se canceló la audiencia prevista entre el papa Francisco y los miembros de la CIASE en diciembre de 2021. Oficialmente fue por problemas de agenda, pero muchos entendieron que pesaron más las críticas a la metodología y a las conclusiones del informe, vistas como excesivas o poco ajustadas a la tradición eclesial en el tratamiento de estas cuestiones. Desde esta perspectiva, el nombramiento de un obispo francés al frente de la Comisión Pontificia podría interpretarse como un gesto de reconciliación y al mismo tiempo como una corrección de rumbo. Roma parece querer mostrar que no desatiende la crisis francesa, pero que prefiere un abordaje desde el corazón de la Curia, con sus propios criterios y con un método más controlado, evitando que comisiones nacionales independientes impongan lecturas o recomendaciones que puedan poner en entredicho fundamentos doctrinales.
En cierto sentido, si esta interpretación es válida, el nombramiento de Verny ofrece un cierre decoroso a un episodio áspero para la Iglesia francesa. Roma retoma la iniciativa, busca calmar los ánimos y demuestra que la reforma en la protección de menores debe pasar por el cauce pontificio, no por vías paralelas que puedan terminar debilitando la propia identidad eclesial.