En un acuerdo sin precedentes, el gobierno de Claudia Sheinbaum extraditará a 26 líderes de alto perfil del crimen organizado hacia Estados Unidos, tras negociaciones directas con Donald Trump que combinaron presión arancelaria y colaboración en seguridad.
Desde que Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, uno de sus ejes más firmes ha sido la ofensiva contra los cárteles mexicanos. Esta política se ha traducido en medidas agresivas como la designación de varias organizaciones criminales —incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— como organizaciones terroristas extranjeras. Bajo esta estrategia, la Casa Blanca dejó en claro que, de ser necesario, autorizaría el uso de fuerzas militares estadounidenses para actuar contra estos grupos en Hispanoamérica.
En este marco, la administración Trump alcanzó un acuerdo con el gobierno de Sheinbaum que derivó en la extradición de 26 líderes de alto rango de distintos cárteles hacia Estados Unidos. Entre ellos figuran Abigael González Valencia, de “Los Cuinis” (aliado del CJNG), y Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato de un alguacil en Los Ángeles en 2008. El Departamento de Justicia de EE.UU., dirigido por la fiscal general Pam Bondi, destacó que todos los extraditados han tenido un rol directo en la violencia y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, y aseguró que enfrentarán “severas consecuencias” por sus crímenes.
El gobierno de Sheinbaum confirmó que la entrega se concretó después de que Washington garantizara que no buscaría la pena de muerte para ninguno de los implicados. Este punto fue clave para que el pacto avanzara, dado el marco jurídico mexicano. Además, aunque la mandataria reafirmó su disposición a colaborar estrechamente con EE.UU., fue enfática en rechazar la entrada de tropas estadounidenses en territorio mexicano: “Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Está absolutamente descartado”.
El acuerdo coincidió con un momento de alta tensión comercial. Trump había anunciado aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y tenía programado un incremento al 30%. Sin embargo, tras conversar con Sheinbaum, accedió a suspender este aumento durante 90 días para continuar negociando. Este uso combinado de presión económica y cooperación en seguridad forma parte de la estrategia trumpista para reforzar el control fronterizo y debilitar el poder de los cárteles.
No es la primera vez que se concreta una entrega masiva de capos durante esta nueva etapa de Trump. En febrero ya se habían extraditado 29 líderes, incluido Rafael Caro Quintero, responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Estos movimientos demuestran un patrón de colaboración más intensa con el gobierno de Sheinbaum en comparación con administraciones mexicanas anteriores.
La ofensiva conjunta Trump–Sheinbaum plantea un cambio significativo en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Aunque México insiste en preservar su soberanía territorial, el actual entendimiento combina pragmatismo diplomático con objetivos comunes contra el crimen organizado, en un contexto donde la presión arancelaria y las amenazas militares forman parte del mismo tablero de negociación.