En medio de una creciente ola de violencia y criminalidad en la capital de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha tomado medidas drásticas para garantizar el orden público y la seguridad de sus habitantes. La decisión más reciente incluye el despliegue de unidades de la Guardia Nacional y la federalización temporal de la Policía Metropolitana de Washington DC, bajo la autoridad otorgada por la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. Esta normativa le permite al presidente asumir el control de la fuerza policial por un periodo de hasta 30 días, aunque la Casa Blanca no descarta extenderlo.
El zar fronterizo de la Administración Trump, Tom Homan, explicó en Fox News que la capital dejará de operar como “ciudad santuario” mientras se mantenga bajo control federal. Según Homan, el objetivo es trabajar de forma coordinada entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y procesar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales.
“La amenaza a la seguridad que representan los extranjeros ilegales criminales en DC no va a estar protegida. No hay santuario para estas personas en la ciudad de Washington, DC”, afirmó Homan.
El presidente Trump, por su parte, ha reiterado que no permitirá que la capital se convierta en un refugio para delincuentes, subrayando que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es su prioridad. Esta postura responde a años de políticas locales que, según la administración federal, han favorecido la permanencia de inmigrantes en situación irregular incluso cuando han cometido delitos graves.
.@RealTomHoman: "D.C. under federal control is not going to be a 'sanctuary' city. We're working with the police hand-in-hand — and when we encounter a criminal illegal alien, they'll be turned over to ICE." pic.twitter.com/7lTtSd3YnV
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 13, 2025
La decisión de federalizar la policía y desplegar fuerzas militares y policiales adicionales responde a un contexto complejo: Washington DC ha registrado un repunte significativo de delitos violentos en los últimos años. Las autoridades federales sostienen que la cooperación con ICE permitirá retirar de las calles a individuos peligrosos que, de otro modo, podrían beneficiarse de las políticas de “ciudad santuario” para evadir la justicia.
Además, la presencia de fuerzas federales tiene un efecto disuasorio ante posibles disturbios, protestas violentas o intentos de obstaculizar la acción de la ley. Según el Pentágono, el plan contempla la movilización de unos 850 agentes y oficiales, además de 800 soldados, para patrullar las calles y apoyar a las autoridades locales.
Más allá de la respuesta a la violencia, el movimiento de Trump busca enviar un mensaje claro sobre su política migratoria: las ciudades que se nieguen a colaborar con las autoridades federales no estarán exentas de supervisión y acción directa. Bajo esta lógica, Washington DC se convierte en un caso emblemático de la estrategia del presidente para imponer un modelo de cooperación obligatoria con ICE, especialmente en áreas estratégicas para la seguridad nacional.
En palabras de Homan, la meta no es perseguir indiscriminadamente a los inmigrantes, sino enfocarse en aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, el cambio de enfoque y el fin del estatus de “ciudad santuario” en la capital marcan un giro significativo en la relación entre el gobierno federal y las autoridades locales, abriendo un debate nacional sobre el equilibrio entre la autonomía municipal y la seguridad pública.