El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 25 de agosto que ordena a las fuerzas del orden procesar a quienes participen en actividades delictivas que “involucren profanar la bandera estadounidense”.
“Nuestra gran bandera estadounidense es el símbolo más sagrado y preciado de los Estados Unidos de América, y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses”, declara el texto de la orden ejecutiva. “Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo. La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de todos los orígenes y condiciones sociales”.
La orden continúa argumentando que quemar la bandera “puede incitar a la violencia y al caos” y “también es utilizado por grupos de extranjeros como un acto calculado para intimidar y amenazar con violencia a los estadounidenses debido a su nacionalidad y lugar de nacimiento”.
La orden afirma que, si bien la Primera Enmienda protege la libertad de expresión, la Constitución no protege la quema de la bandera “de una manera que pueda incitar a una acción ilegal inminente” o cuando la quema de la bandera equivale a “palabras combativas”.
La administración Trump pretende procesar estos casos con todo el peso de la ley, afirma la orden.
“El Fiscal General priorizará la aplicación, en la mayor medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra nación contra los actos de profanación de la bandera estadounidense que violen las leyes aplicables, neutrales en cuanto a contenido, y que causen daños no relacionados con la expresión, de conformidad con la Primera Enmienda”, dispone la orden. “Esto puede incluir, entre otros, delitos violentos; delitos de odio, discriminación ilegal contra ciudadanos estadounidenses u otras violaciones de los derechos civiles de los estadounidenses; y delitos contra la propiedad y la paz, así como conspiraciones e intentos de violar, y la complicidad para violar, dichas leyes”.
Además, cuando el Departamento de Justicia u otra agencia federal determine que profanar la bandera estadounidense viola las ordenanzas locales, esa agencia notificará a la autoridad local o estatal correspondiente.
“En la máxima medida permitida por la Constitución, el Fiscal General procesará enérgicamente a quienes violen nuestras leyes de maneras que impliquen profanar la bandera estadounidense”, continúa la orden, “y podrá litigar para aclarar el alcance de las excepciones de la Primera Enmienda en este ámbito”.
Finalmente, el secretario de Estado, el fiscal general de los Estados Unidos y el secretario de Seguridad Nacional podrán revocar los beneficios migratorios a los extranjeros que hayan profanado la bandera de una manera que viole la ley.