Siria es una amenaza al cristiano
Resulta innegable la creciente crisis humanitaria en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, mostrándose a las comunidades cristianas, alauitas y drusas como las más afectadas. El contexto político impulsado por Ahmed al-Charaa, los ataques terroristas recientes (en particular el atentado del 22 de junio de 2025 en la iglesia greco-ortodoxa de Mar Elias), la creciente islamización del nuevo gobierno, y las repercusiones internacionales, especialmente en términos de derechos humanos, son claro ejemplo de lo que acontece cuando una sociedad rechaza el criterio civilizador del cristianismo.
Tras la Primavera Árabe, los cristianos en Siria disminuyeron drásticamente de dos millones a aproximadamente 500,000, lo que representa una pérdida de tres cuartas partes de la población cristiana del país. Este éxodo, impulsado por conflictos civiles y violencia sectaria, es alarmante desde una perspectiva sociopolítica, aunque aún no hay fuentes externas que lo confirmen de forma independiente. Véase que el 22 de junio de 2025, un atacante suicida irrumpió en la iglesia greco-ortodoxa de Mar Elias en Damasco durante una misa dominical, asesinando entre 20 y 25 personas e hiriendo a entre 52 y 63, según diferentes fuentes. Este ataque fue el primero de esta magnitud en la capital desde la caída del régimen de Assad. Fue atribuido por las autoridades sirias al Estado Islámico (ISIS), aunque algún grupo autodenominado Saraya Ansar al-Sunnah también reclamó responsabilidad, tal como informó Reuters.
Tal es así que el impacto internacional fue inmediato, viéndose que el Papa León XIV expresó “profundo dolor” y solidaridad hacia las víctimas. Además, el Consejo Mundial de Iglesias expresó consternación y prometió apoyo a los afectados. El Vicario Apostólico de Alepo subrayó que este atentado generó gran temor entre los fieles, muchos de los cuales desean emigrar, aunque afirmó: “no perdemos la esperanza”.
En marzo de 2025, enfrentamientos en las provincias costeras de Lattakia y Tartus causaron más de 1,300 muertos, en su mayoría civiles alauitas. En julio, milicias beduinas sunitas, con apoyo gubernamental, atacaron la ciudad de Suwayda, de mayoría drusa, dejando más de 1,000 muertos. Israel intervino para proteger a drusos que viven en su territorio, lo que acentuó las tensiones regionales.
Ahmed al-Charaa, presidente interino y exyihadista, busca imponer en Siria el modelo de gobernanza de Idlib, liderado por HTS desde 2017, lo que implica centralización estatal, sharia estricta, economía controlada por redes del poder e intolerancia hacia minorías. Las escuelas cristianas ahora deben enseñar sharia, contratar directores formados en derecho islámico y segregar alumnos por género; además, la policía religiosa confisca alcohol y vigila las interacciones sociales, marginando sistemáticamente a cristianos, alauitas, drusos y kurdos. Judicialmente, se persigue a antiguos asadistas, mientras que no se investigan crímenes cometidos por exlíderes de HTS integrados al gobierno. Según testimonios cristianos, existe una justicia de venganza, no de reconciliación. La economía está dominada por Hazem al-Charaa, hermano del presidente, quien supervisa acuerdos opacos que recuperaron más de $1,600 millones de activos a través de redes del antiguo régimen, en lo que un portavoz cristiano calificó como “un partido baazista con barba islamista”.
El Centro Europeo para la Justicia y los Derechos Humanos (ECLJ) presentó el 4 de agosto de 2025 una declaración escrita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que solicitó:
- Reconocimiento de los cristianos de Siria como grupo en situación de riesgo.
- Apertura de una investigación internacional independiente sobre las masacres recientes.
- Refuerzo de sanciones específicas contra responsables de violaciones de derechos humanos.
Siria atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia moderna. El nuevo gobierno islamista, las agresiones sectarias, los atentados terroristas y la drástica reducción demográfica de las minorías (cristianos, alauitas, drusos) generan una emergencia social de alcance internacional. Las recomendaciones del ECLJ, si llegan a ser implementadas, podrían ofrecer una vía parcial de justicia y protección, pero frente a un Estado que avanza hacia una sharia autoritaria, parece ser que sólo una respuesta internacional robusta y coordinada tendría el potencial de frenar este proceso de marginación institucional.