La Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) “prohíbe las amenazas de fuerza, obstrucción y daño a la propiedad con la intención de interferir con los servicios de atención de la salud reproductiva”, según el Departamento de Justicia.
La selección del jurado comenzó el miércoles en Washington, DC, en los juicios de los primeros cinco de los 10 activistas pro-vida acusados bajo la Ley FACE. Los activistas, autodenominados “rescatadores”, fueron acusados en virtud de la Ley FACE por bloquear las entradas al centro de abortos Washington Surgi-Clinic en octubre de 2020. Dicen que cada uno está acusado de un cargo de violación de la Ley FACE y un cargo de concierto para negar un derecho.
Los miembros del Levantamiento Progresivo contra el Aborto, junto con activistas de otras organizaciones pro-vida, realizaron una conferencia de prensa frente al Palacio de Justicia de EE. UU. E. Barrett Prettyman en Washington el miércoles. Entre los imputados que hablaron estaban Geraghty , miembro de la junta directiva de PAAU; Will Goodman de Red Rose Rescue; y Lauren Handy, directora de activismo de PAAU. Handy pasó previamente 45 días en la cárcel por bloquear una clínica de abortos en Michigan en 2019.
“En septiembre pasado, el pueblo estadounidense vio con horror cómo docenas de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) fuertemente armados y más de una docena de vehículos realizaron una redada temprano en la mañana, con las armas en la mano, en la casa de Mark Houck, su esposa, y siete hijos”, escribió Roy en una carta del 31 de marzo a los redactores de la Ley de Asignaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas para el año fiscal 2024, instándolos a retirar los fondos para la aplicación de la Ley FACE por parte del Departamento de Justicia.
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