Luego de mucho tiempo de inacción frente a los actos vandálicos contra centros provida, el Departamento de Justicia acusó a otros dos activistas por violar la Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) al atacar centros de recursos para embarazadas en Florida. Perdonen la desconfianza, pero sorprende que este despertar ocurra justo cuando el presidente ha decidido no vetar dos propuestas del Partido Republicano en las últimas semanas. Huele a política.
El Daily Signal informó lo siguiente:
“El Departamento de Justicia ha acusado a otras dos activistas de extrema izquierda de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (Freedom of Access to Clinic Entrances, FACE) al atacar centros de recursos para embarazadas en Florida.
Gabriella Oropesa y Annarella Rivera colaboraron presuntamente con los activistas radicales antifas Caleb Freestone y Amber Smith-Stewart para atacar y destrozar un centro de recursos para embarazadas en Winter Haven, Florida, con los mensajes pintados con espray “¡¡¡SU TIEMPO SE ACABÓ!!!”, así como “VENIMOS a por ti” y “Estamos en todas partes”.
Según el DOJ, los centros de embarazo de Hollywood (Florida) y Hialeah (Florida) también fueron blanco de los ataques.
“La acusación sustitutiva también alega que Rivera, junto con Freestone y Smith-Stewart, violó la Ley FACE mediante el uso de amenazas de fuerza para intimidar e interferir con los empleados de un centro de servicios de salud reproductiva en Winter Haven porque esos empleados estaban proporcionando o tratando de proporcionar servicios de salud reproductiva”, dijo el DOJ en un comunicado. “La acusación de reemplazo alega además que Rivera, junto con Freestone y Smith-Stewart, violaron la Ley FACE al dañar y destruir intencionalmente la propiedad de la instalación porque la instalación proporciona servicios de salud reproductiva”.
Si son declarados culpables de los delitos, Rivera, Freestone y Smith-Stewart se enfrentan a hasta 12 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 350 000 dólares, mientras que Oropesa podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250 000 dólares.
Su acusación es especialmente importante, ya que este grupo de atacantes de extrema izquierda son los únicos vándalos proabortistas acusados de violar la Ley FACE. El Departamento de Justicia acusó al menos a 26 individuos provida en 2022 de violar la Ley FACE, aunque la legislación protege tanto a los centros de embarazo provida como a las clínicas abortistas.
Al menos 83 grupos provida y 144 iglesias han sido atacados desde la filtración en mayo del borrador de la opinión que indicaba que Roe contra Wade sería anulado, según CatholicVote trackers. A menudo, los vándalos han marcado estos edificios con amenazas como “Si los abortos no son seguros, tú tampoco lo eres”, lo que convierte los ataques en incidentes de presunta violencia proabortista que las autoridades federales han tardado en investigar”.
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