Alliance Defending Freedom (ADF) advirtió a la Universidad de Nuevo México (UNM) que su “tarifa de seguridad” de $5,000 cobrada al capítulo Students for Life de la universidad violaba la Primera Enmienda.
ADF, una organización legal cristiana sin fines de lucro , envió una carta el miércoles pidiendo a la UNM que rescindiera la tarifa de seguridad, que la escuela cobró en anticipación de que un evento de la SFL atraería manifestantes.
Anteriormente, los estudiantes protestaron por un evento organizado por el capítulo Students for Life de la UNM. En octubre de 2022, Turning Point USA y el capítulo Students for Life de la UNM fueron coanfitriones de Ian Haworth, quien iba a dar una charla titulada “Cómo los hombres pueden luchar por la vida”. Multitudes de estudiantes a favor del aborto protestaron contra el evento y acosaron verbalmente a los estudiantes que asistieron.
“La turba pro-aborto empujó la barricada de seguridad que protegía a los asistentes y coreó ‘f**k Turning Point’ y ‘f**k vidas blancas’”, informó Campus Reform .
Durante las protestas, “los manifestantes golpeaban barricadas contra el muro de concreto y el evento se volvió tan incontrolable que se llamó a la Policía Estatal de Nuevo México y al equipo antidisturbios para proteger la entrada”, informó Students for Life .
En abril, el capítulo Students for Life programó un próximo evento con Kristan Hawkins. Anticipando que el evento atraería manifestantes, la UNM exigió al capítulo Students for Life que pagara $5,461.40 por provisiones de seguridad.
En respuesta, el capítulo Students for Life trabajó con ADF para solicitar que la universidad rescinda las tarifas de seguridad.
“El evento en el que participó Hawkins no encontró resistencia, pero la universidad aun así cobró al grupo de estudiantes el costo de 30 oficiales que brindaron seguridad basándose enteramente en la predicción de la universidad de que el discurso de Hawkins provocaría protestas”, informó el medio ADF .
La carta se refería a la “discreción desenfrenada” de la universidad al determinar la tarifa. Las políticas de la universidad que determinan el costo de las medidas de seguridad para un evento se basan, entre otros, en ciertos factores ambiguos. El resultado del capítulo Estudiantes por la Vida, argumentó Barham, fue una aplicación “inconstitucional” de la política.
El asesor principal de ADF, Travis Barham, quien firmó la carta, explicó: “Las universidades tienen el deber de proteger el discurso de todos los estudiantes, y al cobrar a Students for Life más de $5,000 en tarifas de seguridad, la Universidad de Nuevo México está violando ese deber”. Añadió:
Cuando una universidad discrimina a los estudiantes por el contenido de su discurso, que incluye cómo otros podrían responder, ese discurso no es libre. De hecho, es muy caro… Esta es una razón para otorgar más protección, no tarifas más altas, e instamos a la universidad a rescindir la tarifa y demostrar que realmente valora la libertad de expresión.
Barham argumentó que la UNM estaba “ejerciendo una discreción desenfrenada” cuando le cobraron al grupo más de 5.400 dólares por temor a que “los críticos y oponentes del grupo pudieran comportarse mal”.
“Algunos podrían considerar controvertidas las opiniones provida de Student for Life, pero esta es la razón para otorgarle más protección al discurso, no para cobrarle tarifas más altas”, continuó Barham.
En la carta, Barham explica que los estudiantes no cancelaron el evento, a pesar de que fueron notificados de las tarifas de antemano, porque “no tuvieron más remedio que aceptar las estimaciones de seguridad de la Universidad”.
“Hacer lo contrario pondría en peligro los meses que [el capítulo] había dedicado a planificar el evento y correría el riesgo de que la Universidad cancelara la conferencia”, escribió, y agregó, “tratar la aceptación de una figura tentativa dado este desequilibrio de poder como una decisión consciente y plenamente La renuncia informada y voluntaria de los derechos constitucionales es ridícula”.
Barham recordó a la universidad que un campus universitario no está exento de las implicaciones de la Primera Enmienda.
La carta solicitaba una respuesta antes del 25 de octubre de 2023.