El Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Trump presentó el lunes una moción buscando desestimar una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por no regular adecuadamente la píldora abortiva mifepristona, un fármaco cada vez más controvertido vinculado a daños graves.
El vicepresidente de CatholicVote, Joshua Mercer, reaccionó a la medida reiterando el pedido de su organización para que la administración regule mejor la mifepristona, pero también señaló que la moción del Departamento de Justicia podría estar calculada para posicionar mejor los casos pro vida.
“Los compromisos y acciones de la administración Trump en el frente pro vida me sugieren que esta medida del Departamento de Justicia podría ser una estrategia de procedimiento, para evitar ceder el poder de una agencia ejecutiva para tomar medidas significativas y duraderas sobre la mifepristona”, dijo Mercer.
“Sin embargo, tanto el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., como el presidente Trump han expresado su preocupación por la falta de regulación de este fármaco dañino por parte de la FDA durante la administración Biden”, añadió Mercer, “y seguiremos instándolos urgentemente a que lo aborden. A pesar de las cuestiones procesales que este caso plantea, la administración Trump debe hacer todo lo posible para proteger a las mujeres de los daños evidentes asociados con la mifepristona”.
El caso fue presentado por primera vez en 2022 por una coalición de médicos provida llamada Alianza para la Medicina Hipocrática. El grupo impugnó la eliminación por parte de la FDA de protocolos de seguridad clave relacionados con la mifepristona, incluyendo el requisito de consultas médicas presenciales antes de dispensar el medicamento.
La Corte Suprema desestimó el caso el año pasado, dictaminando que los demandantes originales carecían de legitimación.
En respuesta, los estados de Idaho, Missouri y Kansas decidieron intervenir, argumentando que los estándares laxos de la FDA obligan a sus programas estatales de Medicaid a cubrir el costo del tratamiento de las mujeres que sufren complicaciones por el medicamento.
El Departamento de Justicia ahora sostiene que esos estados carecen de legitimidad para demandar en el Distrito Norte de Texas.
“Más allá de este litigio, los Estados no discuten que sus demandas no tienen conexión con el Distrito Norte de Texas”, escribieron los abogados federales. “Los estados no pueden mantener vigente una demanda en la que se declaró que los demandantes originales carecían de legitimación activa; estos demandantes han desestimado voluntariamente sus demandas, y las propias demandas de los Estados no tienen conexión con este Distrito”.
El Departamento de Justicia también argumentó que varias reclamaciones estatales, incluidas las objeciones a la decisión de la FDA de 2016 de ampliar la ventana de uso aprobado de siete a diez semanas, quedan fuera del plazo de prescripción.
Aunque la FDA continúa calificando la mifepristona de “segura y eficaz”, evidencia reciente contradice cada vez más esta afirmación.
Un nuevo estudio reveló que casi el 11% de las mujeres experimentaron complicaciones graves o potencialmente mortales después de tomar el medicamento, lo que generó una creciente preocupación entre los profesionales médicos y los legisladores.
En un caso ampliamente difundido , una mujer texana descubrió que su esposo había adulterado en secreto sus bebidas con pastillas abortivas para intentar matar a su hijo nonato. Posteriormente, fue acusado de agresión grave y condenado a prisión.
Aunque el Departamento de Justicia busca poner fin a la demanda actual, reconoció que los estados aún pueden emprender acciones legales en otros tribunales.
“Los estados tienen la libertad de presentar sus reclamos en el distrito que les corresponda”, afirmó el Departamento de Justicia.
A principios de este año, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dijo que el presidente Donald Trump le pidió que revisara el perfil de seguridad del medicamento.
“El presidente Trump me ha dejado claro que… quiere que analice los problemas de seguridad”, dijo Kennedy durante su confirmación en enero, y agregó que ordenaría a las agencias federales pertinentes que evaluaran el asunto.