El exabogado de Jeffrey Epstein asegura que existen documentos suprimidos deliberadamente por orden judicial, y critica la versión oficial del FBI sobre la muerte del magnate.
El abogado Alan Dershowitz, conocido por haber defendido a Jeffrey Epstein durante su primer proceso penal en 2008, ha reavivado las dudas sobre la transparencia del gobierno estadounidense respecto a uno de los casos más escandalosos de las últimas décadas. En una reciente entrevista con Sean Spicer —exsecretario de Prensa de la Casa Blanca—, Dershowitz afirmó que el gobierno está “suprimiendo” documentos del caso para proteger a individuos poderosos tanto del ámbito político como empresarial.
Dershowitz, profesor emérito de la Universidad de Harvard, aseguró conocer con exactitud qué documentos están siendo ocultados y quiénes son los implicados. Sin embargo, explicó que está legalmente impedido de divulgar esta información debido a restricciones judiciales. “Sé a ciencia cierta que se están suprimiendo documentos para proteger a individuos. Sé los nombres, sé por qué lo están haciendo, y sé quién los está suprimiendo”, declaró. Al ser consultado si se trataba de políticos o empresarios, respondió: “Ambos”.
Esta no es la primera vez que Dershowitz se ve envuelto en el caso. En 2008, fue parte del equipo legal que logró negociar un polémico “non-prosecution agreement” con la Fiscalía de Florida, permitiendo a Epstein evitar cargos federales a cambio de declararse culpable de delitos menores en el ámbito estatal.
Las declaraciones del abogado contrastan fuertemente con la postura adoptada recientemente por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Según un memorando de dos páginas al que accedió Axios, el FBI concluyó que Epstein se suicidó en su celda en agosto de 2019 y que no existe evidencia de que haya mantenido una “lista de clientes” para extorsionar.
El informe indica que se mejoraron las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde Epstein murió, y que no se identificó el ingreso de ninguna persona a su celda durante las horas previas. Además, el documento asegura que no se hallaron pruebas creíbles de chantajes ni vínculos criminales con figuras prominentes.
La rapidez con la que el Gobierno intenta cerrar el caso ha generado escepticismo. La falta de acusaciones posteriores y la negativa a revelar más nombres han alimentado la percepción de que existe una red de protección a figuras poderosas. Epstein, acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores con alcance internacional, mantenía relaciones con líderes políticos, financieros y mediáticos de alto nivel. Pese a ello, la narrativa oficial parece enfocada en minimizar su conexión con otras personas.
Las revelaciones de Dershowitz —por más limitadas que estén por cuestiones legales— son un nuevo recordatorio de que el caso Epstein está lejos de estar cerrado. La falta de transparencia, la ausencia de consecuencias para otros implicados y el intento de las autoridades de “dar vuelta la página” son señales preocupantes para quienes creen que la justicia debe aplicarse sin distinción de poder o influencia.
Mientras no se esclarezcan los vínculos y se revele quiénes se beneficiaron de esta red de explotación, el caso Epstein seguirá siendo no solo una vergüenza judicial, sino una herida abierta en la confianza pública hacia las instituciones.