El juez Samuel Alito emitió una dura crítica a la mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos tras la reciente decisión en el caso Department of State v. Muñoz, donde el tribunal se negó a reconocer un derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes a impugnar la negativa de una visa consular.
En un voto disidente tajante, Alito acusó a la mayoría de ignorar tanto el sufrimiento humano como las implicancias constitucionales de su fallo. La decisión afecta directamente a ciudadanos estadounidenses que han visto separadas a sus familias debido a la negativa del gobierno a otorgar visas sin necesidad de justificación exhaustiva.
“El derecho de un ciudadano estadounidense a vivir con su cónyuge no debería depender del capricho de un funcionario consular”, advirtió Alito, enfatizando que el gobierno está evadiendo el escrutinio judicial en un ámbito donde los derechos fundamentales deberían estar protegidos. El caso específico involucró a un ciudadano estadounidense cuya esposa, originaria de El Salvador, fue rechazada por el consulado sin mayores explicaciones, dejándolo sin recursos legales significativos.
La mayoría del tribunal, sin embargo, defendió la política exterior tradicional de “no revisión” de decisiones consulares, una doctrina que impide a los tribunales estadounidenses intervenir en la discrecionalidad del Estado en materia migratoria. Alito replicó que esta postura “coloca el poder del gobierno sobre las familias por encima de la Constitución”.
El juez también advirtió que el precedente sienta una base peligrosa para futuros abusos, señalando que incluso decisiones erróneas, arbitrarias o discriminatorias de funcionarios consulares quedan ahora virtualmente inmunes a revisión judicial. Para Alito, esto representa una traición al principio básico de que los ciudadanos no pierden sus derechos constitucionales por la nacionalidad de su cónyuge.
Este pronunciamiento se suma a una serie de posturas recientes en las que Alito ha cuestionado las decisiones de sus colegas, especialmente en temas que afectan directamente la vida familiar, la libertad religiosa y los principios fundacionales de la Constitución estadounidense.