Lo cual, si uno se guía solo por el nombre del ente burocrático, suena muy bien. El problema, sin embargo, es que esa es precisamente la división que ha venido persiguiendo contundentemente a los activistas pacíficos provida, pero no a quienes vandalizan centros provida. Por eso, pedir 62 millones más para apoyar el “enjuiciamiento de crímenes de odio” y para abordar “desigualdades de larga data”, podría no ser lo que parece.
El Daily Signal informó que “el presupuesto propuesto por el presidente Joe Biden para 2024 contempla la inversión de grandes sumas de dinero en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la misma división que ataca de forma desproporcionada a los activistas provida con acusaciones de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas como respuesta a la anulación del caso Roe contra Wade”.
“El aumento presupuestario propuesto se enmarca en la revitalización de la aplicación de los derechos civiles federales”, señala la nota, que además incluye la siguiente cita de la propuesta de presupuesto:
“Con el fin de abordar las desigualdades de larga data y fortalecer las protecciones de los derechos civiles, el presupuesto invierte 252 millones de dólares, un aumento de 62 millones de dólares sobre el nivel promulgado en 2023, en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia”, “Estos recursos apoyarían la reforma policial a través de investigaciones de patrones o prácticas, el enjuiciamiento de crímenes de odio, la aplicación de los derechos de voto y los esfuerzos para proporcionar un acceso equitativo a la justicia”.
“La División de Derechos Civiles del DOJ”, recuerda el Daily Signal, “hace cumplir la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, que “prohíbe las amenazas de fuerza, la obstrucción y los daños a la propiedad destinados a interferir con los servicios de salud reproductiva””.
Por otra parte, la nota resalta que “en el sitio web del DOJ se afirma que “la Ley FACE no se refiere a los abortos”, y se subraya que “la ley protege a todos los pacientes, proveedores e instalaciones que prestan servicios de salud reproductiva, incluidos los servicios de asesoramiento sobre el embarazo provida y cualquier otro centro de apoyo al embarazo que preste servicios de salud reproductiva””.
Sin embargo, “la Ley FACE se ha utilizado normalmente para procesar a los acusados de atacar clínicas de aborto, pero su lenguaje también protege a las organizaciones provida bajo el término “servicios de salud reproductiva”, como el DOJ ha reafirmado desde entonces”, añade la publicación.
“Y, sin embargo, en 2022, el DOJ sólo acusó a activistas provida de violaciones de la Ley FACE. La División de Derechos Civiles no acusó a un solo activista proaborto con cargos de la Ley FACE en 2022, a pesar de los más de 100 ataques aparentemente proaborto contra centros de embarazo provida e iglesias en todo el país, según los rastreadores de Voto Católico”, continúa el Daily Signal.
Puede leer el artículo completo en inglés aquí.