Centro De Embarazo Demanda Al Fiscal General De California Por Guerra “Inconstitucional” Contra La Reversión De La Píldora Abortiva
Un centro de embarazo sin fines de lucro presentó esta semana una demanda contra el Fiscal General de California, Rob Bonta, para desafiar sus esfuerzos por bloquear el discurso pro vida sobre los servicios de reversión de la píldora abortiva (APR), argumentando que las acciones de Bonta infringen los derechos constitucionales.
Según un comunicado de prensa del 30 de julio de la Sociedad Thomas More, Culture of Life Family Services (COLFS) ha iniciado una batalla legal contra Bonta, buscando afirmar que compartir información sobre APR es una forma de expresión protegida.
Los abogados de la Sociedad Thomas More iniciaron la demanda el 30 de julio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de California en San Diego, impugnando las acciones inconstitucionales de Bonta contra el derecho de las organizaciones de ayuda al embarazo a discutir la APR.
En septiembre de 2023, Bonta demandó a Heartbeat International (HBI) para detener los servicios de reversión de la píldora abortiva (APR), acusando a HBI de difundir “declaraciones falsas o engañosas” y de participar en “prácticas comerciales ilegales, injustas y fraudulentas” al brindar información y acceso a la APR a mujeres necesitadas.
En el comunicado de prensa del 30 de julio, el vicepresidente ejecutivo y jefe de litigios de la Sociedad Thomas More, Peter Breen, criticó a Bonta por negar a las mujeres la posibilidad de revertir un aborto químico.
“La reversión de la píldora abortiva les da a estas mujeres una segunda oportunidad de elegir la vida”, dijo Breen. “En su afán por silenciar los ministerios de ayuda al embarazo, Bonta está violando el derecho de Culture of Life Family Services a hablar y ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos de privacidad reproductiva”.
El asesor especial de la Sociedad Thomas More, Paul Jonna, dijo que “es trágico e incomprensible” que Bonta, con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, esté apuntando a los centros de embarazo en lugar de abordar otros problemas del estado, como el crimen y la corrupción.
“Las acciones de Bonta tienen motivaciones políticas y son manifiestamente inconstitucionales”, afirmó Jonna. “Estamos orgullosos de representar a COLFS en su lucha por proteger sus derechos y los derechos de sus pacientes”.