El estado más poblado de la India ha aprobado una nueva ley contra las “conversiones forzadas” que ha suscitado preocupaciones respecto de la libertad religiosa de los cristianos que viven en el país.
Según un reciente informe de AsiaNews, la nueva medida aprobada en Uttar Pradesh supone una amenaza para la comunidad cristiana minoritaria de la región “debido a los numerosos incidentes de intolerancia e intimidación por parte de los sectores más extremistas del movimiento Hindutva que suelen acompañar a este tipo de legislación”.
El Proyecto de Ley de Prohibición de la Conversión Ilícita de Religiones de Uttar Pradesh de 2024 es una enmienda a las leyes existentes del estado, que incluye penas más severas, como cadena perpetua, por presuntos actos de conversión forzada.
La enmienda amplía aún más el proceso de denuncia de conversiones forzadas, de modo que cualquier persona pueda denunciar un caso de “conversión forzada” sin la presencia o el conocimiento de la presunta víctima.
Como informa AsiaNews, el Consejo Nacional de Iglesias de la India (NCCI) respondió a la enmienda afirmando:
Nos oponemos a esta ley en la medida en que viola las disposiciones de la Constitución de la India. La conversión en sí no es un delito a menos que se produzca mediante influencia indebida, tergiversación o coerción, que sólo la víctima puede alegar.
El NCCI también expresó su preocupación por la zona gris que dejan las enmiendas y que podría permitir a los funcionarios estatales atacar a individuos o comunidades en función de sus prácticas religiosas, y que aumenta el “riesgo de un mayor acoso y criminalización de las prácticas religiosas pacíficas, incluido el bautismo en el cristianismo”.
En un informe de marzo de 2023, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional describió las variaciones de la ley anticonversión, presente en 12 estados de la India, como “incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.
“Las leyes anticonversión a nivel estatal de la India comparten tres características comunes: prohibiciones de conversiones, requisitos de notificación y disposiciones de transferencia de la carga”, señala el informe: “Cada una de las tres características es incompatible con las protecciones del derecho internacional de los derechos humanos a la libertad de religión o creencias”.