La Conferencia Episcopal de Bolivia está haciendo un último esfuerzo para apelar por el derecho a reabrir una escuela de profesores católicos cerrada por el gobierno socialista hace 14 años.
En una declaración entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el mes pasado, los obispos bolivianos denunciaron al gobierno de su país por seguir bloqueando los esfuerzos para reabrir el Instituto Católico Normal Superior Sedes Sapientiae.
El Secretario Ejecutivo del sector Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Jorge Fernández, dijo a radio Panamericana en una entrevista el 8 de febrero que “no se justifica el cierre del Instituto Católico Normal Superior Sedes Sapientiae”. También dijo que los obispos estaban “cansados” de solicitar la reapertura de la Normal Católica a las autoridades del Ministerio de Educación.
Por esta razón, Fernández dijo que esperaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviniera en su favor, ya que los obispos, como lo expresó un artículo de Bitter Winter del 10 de abril, habían “agotado todos los recursos internos” a través de los cuales podían solicitar la reapertura del Sedes Sapientiae.
La declaración más reciente se produce a raíz de una petición hecha por los obispos el año pasado para reabrir la institución, según un comunicado de prensa de 2023 del equipo legal de los obispos de Alliance Defending Freedom (ADF) International.
“El derecho internacional reconoce específicamente la libertad de organismos, como la Conferencia de Obispos, de establecer y dirigir instituciones educativas sin interferencias”, afirmó en el comunicado el Director Internacional de Defensa para América Latina de ADF, Tomás Henríquez. Henríquez es uno de los principales asesores legales en el caso de los obispos.
“Lo que está haciendo el Estado boliviano para socavar la educación católica es una violación abierta de esta libertad fundamental”, añadió.
En 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó su Ley de Educación, o Ley Avelino Siñani, atribuyendo el monopolio total sobre los programas de formación docente al gobierno socialista del país, prohibiendo la formación de instituciones privadas que ofrezcan títulos académicos en enseñanza. Sedes Sapientiae, y junto con un instituto adventista de formación de docentes similar, cerraron tras la promulgación de la ley.