A Jim Havens se le dijo que su organización de consejería en la calle no podía compartir información sobre el aborto y las alternativas al aborto con mujeres fuera de una clínica de Rochester Planned Parenthood. Así que demandó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a la ciudad de Rochester por la violación de sus derechos de la Primera Enmienda… y ganó.
Jim Havens, un defensor pro-vida del área de Rochester, Nueva York, ha sido reivindicado en su demanda contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James; y la ciudad de Rochester, después de que tanto el estado como la ciudad, le negaran el derecho de acercarse a un centro de aborto para hablar a favor de la vida.
Havens es el fundador de “Rochester – Love Will End Abortion”, una organización que realiza ministerios en las calles. Sus creencias pro-vida son una herencia familiar, que se extiende desde su bisabuela. Su médico le recomendó un aborto secreto para su undécimo hijo. La bisabuela de Havens se negó y dio a luz a la abuela de Havens en 1931.
“Un aborto impacta a generaciones de otros de maneras que no podemos comprender completamente o incluso imaginar”, explicó Havens en un artículo en su sitio web que cuenta la historia completa de su “despertar” pro-vida. Havens comenzó a orar fuera de las clínicas de aborto en la universidad. Un sábado por la mañana, le llamó la atención el hecho de que nadie más estaba orando fuera de la clínica ese día. Convenció a sus compañeros jugadores de rugby para que lo acompañaran.
Cuando vio a una pareja afuera, Havens habló con ellos y se enteró de su necesidad financiera mientras su equipo esperaba en el fondo, orando. Havens se ofreció a organizarles un baby shower para satisfacer las necesidades materiales de su bebé. La madre se conmovió y la pareja entró para cancelar su aborto.
El viaje a favor de la vida de Haven continuó desde allí, hasta que su gobierno local trató de impedir que dejara de recibir asesoramiento en las aceras. “La razón dada por esta violación de sus derechos de la Primera Enmienda fue una orden judicial emitida contra diferentes partes en una acción judicial de 2005”, explicaron los abogados de Havens.
La acción judicial de 2005 declaró una orden judicial permanente, también conocida como orden de restricción, contra varios defensores de la vida. Les prohibía transitar por la acera pública al menos quince pies desde la entrada de cualquier clínica de abortos en el oeste de Nueva York, como lo establecía la apelación del Segundo Circuito.
Doce años después, en 2017, Jim Havens, que no era uno de los defensores de la vida mencionados en el caso, comenzó a ofrecer asesoría espiritual y psicológica en la acera en esa área.
“Cuando Thomas More Society señaló eso a la ciudad de Rochester en septiembre de 2018, la ciudad estuvo de acuerdo y nos notificó que Havens y ROC no estarían cubiertos por la orden judicial existente”, explicó el vicepresidente ejecutivo de Thomas More Society, Thomas Olp:
Pero esa posición se invirtió cuando se involucró el Estado de Nueva York. Por esa razón, Havens y ROC demandaron al Estado y la Ciudad para garantizar sus derechos de la Primera Enmienda y evitar que aplicaran la orden judicial de 2005, en la que no se nombró, a él y su ministerio.
Después de pasar por varios tribunales, finalmente ganaron el caso.
“La demanda fue devuelta a la corte inferior con órdenes de aplicar la opinión de la corte de apelaciones que restablece los derechos de la Primera Enmienda de Havens y su organización“, dijo su comunicado.
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Foto: tessa-rampersad/unsplash