Continúa Investigación Sobre Confabulación Entre Gobierno y Big Tech
Un reporte provisional de la subcomisión de la Cámara de Representantes que investiga la utilización del gobierno como arma señala que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) se confabuló con las big tech y otros entes privados para censurar contenido en línea. Según el reporte, CISA se creó en 2018 para ayudar en la protección de la infraestructura crítica y contra los ataques cibernéticos, pero hoy es el centro neurálgico de la censura.
El Daily Signal publicó lo siguiente:
“Una división del Departamento de Seguridad Nacional amplió su misión de censura y vigilancia en coordinación con grandes empresas tecnológicas, según un informe de un subcomité judicial de la Cámara de Representantes.
La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, también conocida como CISA, actuó en connivencia con empresas privadas y otros grupos privados para bloquear contenidos en línea, según las conclusiones publicadas el lunes por el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Armatización del Gobierno Federal.
El informe, titulado “The Weaponization of CISA: How a ‘Cybersecurity’ Agency Colluded With Big Tech and ‘Disinformation’ Partners to Censor Americans”, es un documento provisional en lo que el subcomité llama una investigación en curso de una agencia creada durante la presidencia de Donald Trump.
“Fundada en 2018, CISA fue pensada originalmente para ser una agencia auxiliar diseñada para proteger la ‘infraestructura crítica’ y protegerse contra las amenazas de ciberseguridad”, dice el informe, que añade:
En los años transcurridos desde su creación, sin embargo, CISA hizo metástasis en el centro neurálgico de las operaciones de vigilancia y censura doméstica del gobierno federal en las redes sociales. En 2020, la CISA denunciaba sistemáticamente a las plataformas de medios sociales las publicaciones que supuestamente difundían “desinformación”.
En 2021, la CISA contaba con un equipo formal de “desinformación, desinformación y malinformación” (MDM, por sus siglas en inglés). En 2022 y 2023, en respuesta a las crecientes críticas públicas y privadas al comportamiento inconstitucional de la CISA, ésta intentó camuflar sus actividades, alegando engañosamente que desempeñaba una función puramente “informativa”.
El presidente Joe Biden tomó posesión de su cargo el 21 de enero de 2021.
Por su parte, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de las Infraestructuras rechazó las conclusiones del informe del subcomité de armamento gubernamental.
“CISA no censura ni ha censurado nunca el discurso ni ha facilitado la censura; cualquier afirmación de este tipo es patentemente falsa”, dijo el director ejecutivo de CISA, Brandon Wales, en una declaración escrita.
“Cada día, los hombres y mujeres de CISA ejecutan la misión de la agencia de reducir el riesgo para las infraestructuras críticas de Estados Unidos de una manera que protege la libertad de expresión, los derechos civiles, las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses”, dijo Wales. “En respuesta a las preocupaciones de los funcionarios electorales de todos los partidos en relación con las operaciones de influencia extranjera y la desinformación que pueden afectar a la seguridad de la infraestructura electoral, la CISA mitiga el riesgo de desinformación compartiendo información sobre la alfabetización electoral y la seguridad electoral con el público y amplificando las voces de confianza de los funcionarios electorales de todo el país.”
Sin embargo, el informe del subcomité señala que después de que Missouri y Luisiana presentaran una demanda federal impugnando los esfuerzos de censura de la agencia, la CISA subcontrató sus operaciones de censura a una organización sin ánimo de lucro financiada por ella.
La organización sin ánimo de lucro, el Center for Internet Security, gestiona dos centros: el Multi-State Information Sharing and Analysis Center (MS-ISAC) y el Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center.
El informe añade: “CISA financia CIS, incluido el gasto de 27 millones de dólares en el año fiscal 2024 para operar el EI-ISAC y el MS-ISAC”.
“CISA trasladó su operación de censura a una organización sin ánimo de lucro financiada por CISA después de que CISA y la administración Biden fueran demandadas ante un tribunal federal, admitiendo implícitamente que sus actividades de censura son inconstitucionales”, dice el informe.
La agencia consideró establecer un “equipo de respuesta rápida” para hacer frente a la desinformación que podría desplegarse físicamente por todo Estados Unidos, según el informe.
CISA quería utilizar la organización sin ánimo de lucro como portavoz para “evitar la apariencia de propaganda gubernamental”, dice el informe.
El informe incluye un correo electrónico de un miembro del consejo asesor de CISA, Suzanne Spaulding, ex asesora general adjunta de la CIA, a su compañera de consejo Kate Starbird, profesora asociada y cofundadora del Center for an Informed Public de la Universidad de Washington.
En el correo electrónico, Spaulding expresa a Starbird su preocupación por que fuera “sólo cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta de que existimos y empezara a preguntar por nuestro trabajo”.
El informe del comité de armamento del gobierno también dice que la agencia, dentro del Departamento de Seguridad Nacional, no fue transparente en medio de las críticas.
“En respuesta al creciente escrutinio público, la CISA eliminó de su sitio web las referencias a sus actividades de vigilancia y censura nacionales”, dice el informe.
Aunque los esfuerzos de la CISA por vigilar la libertad de expresión son muy preocupantes en general, un aspecto especialmente problemático es la atención que presta a la “desinformación”. Según la propia definición de la CISA, “la malinformación se basa en hechos, pero se utiliza fuera de contexto para engañar, dañar o manipular”. En otras palabras, la desinformación es información objetiva que es objetable no porque sea falsa o falsa, sino porque se proporciona sin el “contexto” adecuado, el contexto determinado por el gobierno.
En abril de 2022, el gobierno de Biden creó un Consejo de Desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional encargado de “contrarrestar la desinformación relacionada con la seguridad nacional, centrada específicamente en la inmigración irregular y Rusia”.
Sin embargo, tras las protestas públicas por la vigilancia de la libertad de expresión sobre inmigración ilegal y otros temas por parte del gobierno, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, puso “en pausa” la junta de desinformación en mayo de 2022”.
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