Corte Suprema Escuchará El Caso Sobre La Calificación De Planned Parenthood Como “Proveedor” De Medicaid
La Corte Suprema de los Estados Unidos acordó el 18 de diciembre escuchar un caso que examina si Planned Parenthood puede ser un proveedor designado de Medicaid después de que el gigante del aborto demandara a Carolina del Sur por determinar que la organización no es elegible.
La organización jurídica Alliance Defending Freedom (ADF) representa al director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur, Robert Kerr, en el caso Kerr v. Planned Parenthood South Atlantic. Los peticionarios apelaron ante la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4.º Circuito se pusiera del lado de Planned Parenthood South Atlantic en abril.
Según la apelación ante la Corte Suprema, Carolina del Sur había determinado en 2018 que Planned Parenthood South Atlantic no era elegible para ser un “proveedor” de Medicaid porque realiza abortos.
“El dinero de los contribuyentes nunca debería utilizarse para financiar centros que se lucran con el aborto”, dijo el asesor principal de la ADF, John Bursch, en el comunicado de prensa de la ADF del 18 de diciembre.
Bursch expresó optimismo de que la decisión de la Corte será consistente con un fallo relacionado que dictó en 2023 y que la Corte sostendrá que los tribunales federales no pueden “cuestionar” las decisiones tomadas por los estados con respecto a la elegibilidad financiada por Medicaid.
“Los estados pro vida como Carolina del Sur deberían tener la libertad de determinar que Planned Parenthood y otras entidades que promueven el aborto no están calificadas para recibir fondos de los contribuyentes a través de Medicaid”, dijo Bursch. “El Congreso no creó de manera inequívoca un derecho para que los beneficiarios de Medicaid lleven a los estados a los tribunales federales para impugnar esas decisiones, por lo que ese derecho no existe”.
La petición de ADF a la Corte Suprema argumenta que el tema es ampliamente relevante para Estados Unidos porque examina el alcance de la “disposición de cualquier proveedor calificado” de Medicaid.
La disposición, que el Congreso de Estados Unidos añadió a la Ley de Medicaid en 1967, exige que los planes permitan a los beneficiarios elegibles para Medicaid elegir “’asistencia de cualquier [proveedor] calificado para realizar el servicio… que se comprometa a proporcionarlo’”, según la apelación de ADF ante la Corte Suprema.
“La Ley de Medicaid no define qué es ‘calificado’”, afirmaron los peticionarios en la apelación. “Pero especifica que los estados conservan una amplia autoridad para excluir a los proveedores ‘por cualquier motivo por el cual el Secretario podría excluir a la persona o entidad de la participación en el programa Medicare’, además de cualquier otra autoridad que los propios estados conservan para excluir a los proveedores”.