El fiscal general de Texas demandó a la administración Biden para detener las artimañas legales con las que el gobierno está buscando desconocer la reversión de Roe vs. Wade e impulsar el aborto utilizando el poder coercitivo del Estado. El gobierno, por ejemplo, ha condicionado la recepción de fondos de Medicare y Medicaid por parte de las farmacias, a la distribución de píldoras abortivas aun cuando esto viole la ley estatal.
La página oficinal del fiscal general de Texas, Ken Paxton, informó que “el fiscal general presentó hoy una nueva demanda contra la Administración Biden para impedir que obligue ilegalmente a las farmacias de todo Estados Unidos a proporcionar abortivos, que son medicamentos de venta con receta o de venta libre que inducen abortos”.
“La Administración Biden”, señala el comunicado, “ ha intentado repetidamente imponer por decreto ejecutivo un derecho federal al aborto que no existe. En la guerra de la Administración contra Dobbs v. Jackson Women’s Health, los demandados han emitido un documento de “orientación” y un comunicado de prensa asociado que, si se permite que sigan en vigor, exigen que las farmacias dispensen medicamentos inductores del aborto en violación de la ley estatal (colectivamente, el “Mandato de Farmacia”), supuestamente como condición para recibir fondos de Medicare y Medicaid”.
La nota de prensa recuerda que “en julio de 2022, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (“HHS”, por sus siglas en inglés) emitió unas directrices que obligaban a las farmacias a suministrar fármacos abortivos a las mujeres que quisieran someterse a un aborto electivo para cumplir con la visión de la Administración Biden de la ley federal. Las directrices amenazaban a las farmacias que no siguieran al pie de la letra la agenda proabortista de Biden con la pérdida de fondos de Medicaid y Medicare”.
Según la oficina del fiscal general, “aunque el HHS afirma que la ley federal contra la discriminación exige que todas las farmacias de Estados Unidos se transformen en clínicas de aborto a la carta, esto es claramente falso. Contrariamente a las orientaciones de la Administración, las protecciones antidiscriminatorias del Título IX nunca se han utilizado para obligar a las empresas a practicar abortos. Más bien, estas protecciones han ido en la dirección opuesta al prohibir que se obligue a cualquier persona o entidad a ayudar en la prestación de abortos”.
“Además”, continúa el texto, “la decisión Dobbs del Tribunal Supremo de junio de 2022 dejó claro que las leyes que rigen el aborto deben ser decididas por los legisladores estatales, no por el gobierno federal. Por lo tanto, las directrices del HHS son contrarias a la sentencia Dobbs, ya que se oponen ilegalmente a las leyes de ciertos estados que prohíben a las farmacias suministrar estos medicamentos inductores del aborto”.
“La Administración Biden sabe que no tiene autoridad legal para instituir esta agenda radical del aborto, por lo que ahora está tratando de intimidar a todas las farmacias de Estados Unidos amenazando con retener los fondos federales. No va a funcionar. Texas y varios otros estados de todo el país han aprobado obedientemente leyes para proteger a los no nacidos, y no vamos a retroceder solo porque burócratas no electos en Washington quieran crear políticas federales ilegales y extremistas”, declaró Paxton, según el comunicado.
Puede leer el comunicado completo en inglés aquí.
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Foto: Christine Sandu / Unsplash