La petición se produce porque la valorización de entre 10 y 50 millones de dólares de los activos de la diócesis iguala a la de los pasivos, y, como señaló un abogado involucrado en algunos de los 222 procesos judiciales en curso, 50 millones de dólares no alcanzarían para hacer frente a esta situación. El obispo Robert F. Vasa dijo que esta es la mejor manera de resolver los casos “de una manera justa y equitativa”.
El North Bay Business Journal informó que “el obispo la diócesis de Santa Rosa se acogió el lunes al Capítulo 11 de protección por bancarrota, citando una cifra desconocida de millones de dólares en responsabilidades anticipadas relacionadas con demandas pendientes por abusos sexuales a menores presentadas ante los tribunales en los últimos tres años”.
“La petición, presentada ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. en el Distrito Norte de California”, añade el medio, “pone en marcha un proceso de un año de duración que el obispo Robert F. Vasa dijo que es la mejor manera de resolver los casos “de una manera justa y equitativa”, al tiempo que permite a la diócesis llevar a cabo sus ministerios. De lo contrario, dijo, las demandas desbordarían los recursos de la diócesis”.
Según el medio, “la diócesis de Santa Rosa declaró en su petición de quiebra que tiene activos no identificados valorados entre 10 y 50 millones de dólares. Estimaba que su pasivo se situaba en el mismo rango de dólares”.
“Pero con al menos 222 demandas pendientes en las que la diócesis figura como demandada o codemandada, al menos un abogado implicado en numerosos casos dijo que 50 millones de dólares se quedarían cortos para hacerles frente”, continúa la publicación.
“Se trata de una mera presentación judicial que telegrafía la falta de empatía y comprensión de la diócesis hacia el número de supervivientes y la profundidad del trauma causado por el abuso sexual infantil. No se trata sólo de deudas económicas. Este caso se trata de infancias aplastadas”, dijo Mike Reck, un abogado de la costa oeste de Anderson & Associates, con sede en Minnesota, una empresa nacional dedicada a los litigios de abuso sexual infantil.
La publicación también da cuenta de que “el abogado Mike Finnegan, que trabaja con la misma firma, dijo que las estimaciones de la diócesis tanto para los activos como para los pasivos parecían bajas, pero dijo que esas son las cuestiones de fondo que se debatirán y resolverán a medida que avance la bancarrota”.
“El jueves está prevista una vista en un juzgado de Oakland para que el juez federal de quiebras Charles Novak responda a las primeras peticiones de la diócesis, que solicita autorización para seguir pagando a sus 25 empleados asalariados y seis por horas, parte de su presupuesto operativo anual de 12,5 millones de dólares”, agrega el North Bay Business Journal.
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