El Departamento De Educación Y Su Fijación Con Instituciones Educativas Cristianas
Un nuevo informe ha revelado una preocupante disparidad en la aplicación de sanciones por parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos hacia universidades cristianas y escuelas profesionales.
Este informe, elaborado por el American Principles Project (APP), denuncia que casi el 70% de las sanciones impuestas por la Oficina de Cumplimiento de la Ley del Departamento de Educación han sido dirigidas contra estas instituciones, a pesar de que representan menos del 10% de la matrícula universitaria en el país.
La Oficina de Cumplimiento, descrita como una “agencia oscura” en el informe, fue creada originalmente durante la administración Obama y revivida bajo el mandato de Joe Biden. Según Jon Schweppe, director de políticas del APP, esta oficina se ha convertido en el “vehículo del Departamento de Educación para identificar y penalizar a las escuelas propietarias”.
Sanciones Históricas y Críticas Crecientes
El informe destaca que dos de las universidades cristianas más prominentes del país, Grand Canyon University y Liberty University, han recibido multas récord bajo la administración Biden-Harris. Grand Canyon University fue multada con 37.7 millones de dólares, mientras que Liberty University enfrentó sanciones por un monto de 14 millones de dólares. Estas cifras superan todas las demás sanciones combinadas impuestas por el Departamento de Educación en los últimos siete años.
Bob Romantic, director ejecutivo de relaciones públicas de Grand Canyon University, expresó su esperanza de que “una administración futura reduzca la burocracia y aplique las regulaciones de manera justa y equitativa, en lugar de usar agencias federales para acosar ideológicamente a ciertas universidades”. Por su parte, Liberty University no respondió a las solicitudes de comentarios.
Escuelas Profesionales en el Punto de Mira
La disparidad no se limita a las universidades cristianas. El informe también señala que el Departamento de Educación ha retirado la financiación del Título IV a 35 escuelas postsecundarias en los últimos tres años, de las cuales 23 eran instituciones profesionales. Históricamente, instituciones como Corinthian Colleges e ITT Technical Institute también fueron obligadas a cerrar después de recibir multas y perder acceso a ayuda financiera federal.
Tácticas de Presión y Consecuencias
Según el informe de APP, la Oficina de Cumplimiento utiliza tres tácticas principales para desmantelar a las instituciones objetivo:
- Imponer sanciones financieras excesivas.
- “Examinar y multar” mediante investigaciones prolongadas.
- Retener fondos federales del Título IV, esenciales para la operación de muchas escuelas.
El informe argumenta que estas acciones no solo buscan penalizar a las instituciones, sino también cumplen un objetivo político: reducir las opciones de educación superior al acaparar el mercado para las universidades convencionales, mientras la administración cancela deudas estudiantiles como parte de sus promesas de campaña.
Una Solución Conservadora
Jon Schweppe del APP instó a que una futura administración Trump despriorice la Oficina de Cumplimiento, detenga los procedimientos de cumplimiento existentes y realice una investigación sobre las disparidades en la aplicación de sanciones. También abogó por devolver el poder a los estados y distritos escolares locales y por deshacer los excesos burocráticos de las administraciones de Obama y Biden.
Schweppe también destacó que Linda McMahon, candidata de Trump para dirigir el Departamento de Educación, es “exactamente el tipo de agente de cambio que necesitamos para hacer que la educación estadounidense vuelva a ser excelente”.
El Silencio del Departamento de Educación
A pesar de las numerosas acusaciones y evidencias presentadas en el informe, el Departamento de Educación no respondió a las solicitudes de comentarios. Esta falta de transparencia aumenta las preocupaciones sobre el uso de la Oficina de Cumplimiento como un arma política para atacar a instituciones que no encajan en la agenda ideológica de la administración.
El informe del American Principles Project concluye con un llamado a la acción para garantizar que la ley se aplique de manera justa y que las escuelas cristianas y profesionales puedan operar sin el temor de represalias políticas. La educación superior en los Estados Unidos debe ser un campo de juego equitativo, no un escenario de discriminación ideológica.