El Centro de Participación Global (GEC), una oficina creada durante la administración de Barack Obama con el supuesto propósito de combatir la desinformación en el extranjero, ha cerrado sus puertas tras perder el respaldo del Congreso. La razón de este cierre no es un misterio: el GEC violó su mandato original y se convirtió en un actor clave en la supresión de la libertad de expresión en los Estados Unidos.
Fundado en 2016 bajo una orden ejecutiva de la era Obama enfocada en el contraterrorismo, el GEC caducó en diciembre al no recibir la reautorización del Congreso. Los últimos años estuvieron marcados por investigaciones que revelaron cómo esta oficina financiada por los contribuyentes colaboró con organizaciones que buscaban desfinanciar a medios críticos. Reportajes de Gabe Kaminsky en el Washington Examiner y Matt Taibbi en Racket News destaparon la relación del GEC con el Índice de Desinformación Global británico, al que otorgó cerca de un millón de dólares. Este índice creó listas negras de medios estadounidenses que, según su criterio, difundían “narrativas adversarias”, presionando a anunciantes para que los boicotearan.
El GEC también estuvo vinculado al consorcio Election Integrity Partnership, que presionó a plataformas como Twitter y Facebook para eliminar contenido afín al Partido Republicano en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020. Asimismo, financió a NewsGuard, una empresa que evalúa la veracidad de los medios y que ahora enfrenta una demanda por parte de The Federalist, The Daily Wire y el estado de Texas, acusándola de participar en un “plan de censura” inconstitucional.
El papel del GEC en la moderación de contenido durante los primeros días de la pandemia de COVID-19 también fue objeto de escrutinio. Taibbi testificó ante el Congreso que la oficina presionó a las principales plataformas digitales para moderar información. Estas revelaciones desencadenaron una fuerte oposición por parte de figuras políticas influyentes como Elon Musk, Vivek Ramaswamy y el presidente electo Donald Trump, quienes exigieron al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que eliminara cualquier financiación adicional para el GEC.
El GEC también fue acusado de intentar desacreditar a periodistas y legisladores que investigaban sus actividades. Una guía interna del GEC intentó vincular falsamente al congresista Jim Banks con un medio estatal ruso, lo que provocó una investigación liderada por Banks y el representante Darrell Issa. Ambos denunciaron la manipulación y censura ejercidas por el GEC, señalando que su acción constituía un atentado contra la libertad de prensa.
Aunque el GEC ha sido desmantelado, sus antiguos empleados podrían ser reasignados a otras dependencias del Departamento de Estado. Sin embargo, las investigaciones continúan, y los responsables podrían enfrentar consecuencias legales por su papel en lo que ha sido descrito como “una de las operaciones gubernamentales más atroces para censurar a la prensa estadounidense”. La comunidad periodística y los legisladores seguirán atentos al destino de quienes facilitaron esta infracción contra la Primera Enmienda. Como bien dijo el congresista Issa: “La luz del sol es el mejor desinfectante”.