El nuevo código de discurso online en Europa
Bajo el pretexto de combatir la desinformación y el discurso de odio, la Unión Europea impone un nuevo régimen de control digital. Con auditorías, multas y filtros algorítmicos, la libertad de expresión queda sujeta a los límites que dicta Bruselas en nombre de la “seguridad informativa”.
Por: Horacio Giusto
Durante mucho tiempo, Occidente reconoció que la libertad de expresión era un baluarte irrenunciable en la búsqueda de la verdad misma. Sin embargo, Europa, otrora cuna de la filosofía, la libertad de pensamiento y la fe cristiana, ha decidido profundizar en su desliz hacia el autoritarismo digital. A partir de ahora, bajo la fachada de un nuevo “Code of Conduct on Disinformation” implementado en la Unión Europea, los burócratas europeos se han arrogado el derecho de decidir qué ideas son legítimas y cuáles deben ser suprimidas.
El Código exige que las grandes plataformas en línea cumplan con obligaciones más estrictas de transparencia y auditoría para erradicar la desinformación, según Tech Policy Press. Anteriormente, el Código funcionaba como un marco de autorregulación para las empresas tecnológicas antes de que la UE aprobara su integración en la Ley de Seguridad Digital (DSA). Michaela Estruth, en The Federalist, detalla: “La DSA regula a los intermediarios y plataformas en línea para controlar la llamada “desinformación”. Según la ley, que entró en vigor el año pasado, empresas tecnológicas como Google, Meta, Microsoft y X deben someterse a auditorías independientes que evalúan su gestión de los riesgos de desinformación, según informó Tech Policy Press. Los compromisos del Código servirán como puntos de referencia para estas evaluaciones, cuando corresponda”[3].
El 11 de julio, la Comisión Europea activó por primera vez el poder que el DSA le concede: ordenó oficialmente a X entregar toda la documentación relacionada con la presunta “propagación de desinformación” durante las elecciones al Parlamento Europeo. La orden va acompañada de la amenaza explícita de multas multimillonarias. Según la Comisión, la empresa de Elon Musk no cumplió con sus “obligaciones de diligencia”, es decir, no censuró lo suficiente.
En abril de 2023, la Unión Europea (UE) identificó a 19 grandes empresas tecnológicas que están obligadas a cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA). Estas compañías tienen más de 45 millones de usuarios mensuales en la UE, y 14 de ellas son de origen estadounidense, según explicó Jeremy Tedesco, asesor principal de Alliance Defending Freedom, al medio The Federalist. Para junio, la Comisión Europea seguía vigilando a estas empresas para asegurarse de que cumplieran con la DSA.
Tedesco afirmó en una entrevista que “la UE está intentando imponer su régimen draconiano y muy restrictivo de libertad de expresión en el mundo”.
Por su parte, el medio Tech Policy Press señaló que cumplir con el Código de buenas prácticas contra la desinformación ahora es visto como una prueba de que las empresas obedecen la DSA. Aunque unirse al Código sigue siendo voluntario, no cumplir con sus compromisos puede llevar a investigaciones o sanciones económicas. Las empresas tecnológicas pueden dejar de participar en los Códigos de Conducta de la Unión Europea, pero aun así deben cumplir con las obligaciones legales que impone la Ley de Servicios Digitales (DSA). Entre esas obligaciones están la eliminación preventiva de contenido ilegal y la realización de auditorías, explicó Jeremy Tedesco, asesor principal de Alliance Defending Freedom. Según él, la legislación europea define contenido ilegal como “discurso de odio” y “desinformación”.
Tedesco advirtió que las empresas que abandonan el Código enfrentan consecuencias serias. Mencionó el caso de X (antes Twitter), que se retiró de la versión voluntaria del Código y fue “enérgicamente condenada” por instituciones europeas. Después, la UE abrió una investigación contra la plataforma por presuntamente incumplir la DSA. Según The New York Times, X ahora podría enfrentar multas que superarían los mil millones de dólares.
Aunque algunas compañías se apartaron del Código antes de que se vinculara oficialmente con la DSA, en febrero de 2024 seguían como firmantes empresas como Google, Meta, TikTok, además de organizaciones que promueven la censura como NewsGuard y el Índice de Desinformación Global.
The Federalist consultó a la Comisión Europea para saber qué cambios impone el Código a las plataformas y cómo se protege la libertad de expresión al contratar empresas que moderan contenido. La Comisión respondió que el Código es un “instrumento voluntario” para que las plataformas combatan la desinformación. Aclararon que “no está orientado a la eliminación de contenido”, aunque permite a las empresas desmonetizar lo que consideran “desinformación” y eliminar cuentas falsas. También aseguraron que la DSA protege la libertad de expresión, y que los usuarios pueden apelar si sus cuentas son restringidas o suspendidas. Sin embargo, Tedesco criticó que la definición de “desinformación” en la DSA es vaga y arbitraria, lo que facilita la censura. Antes de que el Código se integrara a la DSA, más de 11.000 cuentas de Twitter fueron suspendidas por contenido calificado como “desinformación” sobre la COVID-19. Tedesco señaló que la eliminación de cuentas o publicaciones es solo una parte de la censura que permite la DSA. Según sus estimaciones, cerca del 90% de la censura en línea se produce por “medidas de mitigación preventivas y proactivas”. Esto significa que las empresas ajustan sus algoritmos para limitar el contenido incluso antes de que se publique. Estos filtros preventivos son imposibles de auditar y se programan “a puerta cerrada”, añadió.
Si una empresa no controla adecuadamente el contenido según la DSA, podría recibir multas de hasta el 6% de sus ingresos globales, lo que representa “miles de millones de dólares”, advirtió Tedesco. Para evitar sanciones de ese nivel, muchas compañías aplicarían políticas de moderación muy restrictivas. Finalmente, frente a las preocupaciones por el alcance global de la censura, el portal The Federalist preguntó a la Comisión Europea si la DSA solo se aplica dentro de la UE. La Comisión respondió que la ley “solo se aplica en la UE”, pero no explicó cómo se limita ese control. A juicio de Tedesco, dado que las grandes plataformas son globales, resulta casi imposible que las restricciones se apliquen exclusivamente dentro de los 27 países de la Unión.
La DSA y el Código de Conducta de la Unión Europea revelan cómo el poder político utiliza el control normativo para imponer una forma de censura sistemática sobre las grandes plataformas digitales. Bajo el pretexto de combatir la “desinformación” y el “discurso de odio” —conceptos definidos de manera ambigua y arbitraria—, las autoridades europeas presionan a las empresas con sanciones millonarias que las fuerzan a adoptar mecanismos de control cada vez más restrictivos. Así, la censura ya no es un acto puntual ni transparente, sino un sistema preventivo y opaco operado mediante algoritmos que silencian contenidos incluso antes de ser publicados. Este modelo convierte al poder político en el árbitro último de lo que puede o no decirse en el espacio digital, erosionando gravemente la libertad de expresión a nivel global.