Como se sabe, es bajo esta ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas que activistas provida han venido siendo acusados por manifestarse pacíficamente. Por tal razón, legisladores republicanos encabezados por el representante Chip Roy enviaron una carta a los cuatro legisladores que están preparando la Ley de Asignaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de 2024, solicitando que “incluyan un lenguaje que prohíba asignar fondos al Departamento de Justicia para aplicar la Ley FACE”.
CatholicVote informó lo siguiente:
“El congresista Chip Roy, republicano de Texas, encabezó a los legisladores republicanos en una carta exigiendo que el Congreso desfinancie la Ley FACE, una ley bajo la cual Mark Houck y docenas de otros activistas provida han sido acusados en el último año.
La carta, dirigida a los cuatro legisladores que redactan la Ley de Asignaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de 2024, solicita que “incluyan un lenguaje que prohíba la financiación del Departamento de Justicia para aplicar la Ley FACE (18 U.S. Code § 248)”.
La Ley FACE fue propuesta por primera vez por el entonces congresista Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, en 1993. Los demócratas apoyaron abrumadoramente la ley, que fue promulgada por el presidente Bill Clinton en 1994. Conocida principalmente como una ley impulsada por los políticos proabortistas para limitar las actividades provida en las instalaciones abortistas o cerca de ellas, la ley también incluye salvaguardias para los lugares de culto.
En septiembre de 2022, agentes del FBI irrumpieron en el domicilio del activista católico provida Mark Houck y lo detuvieron a punta de pistola delante de su esposa y sus siete hijos. Acusado en virtud de la Ley FACE por un supuesto altercado fuera de un centro abortista, Houck fue absuelto posteriormente.
La carta cita el caso de Houck como un claro ejemplo de la instrumentalización de la Ley FACE contra los estadounidenses provida, pero señala que el suyo no es un caso aislado:
Este no es ni mucho menos el único ejemplo del DOJ de Biden abusando de la Ley FACE contra ciudadanos estadounidenses. En 2022, la Ley FACE se utilizó más de dos docenas de veces contra activistas provida, entre ellos Mark Houck, el padre Fidelis Moscinski, Lauren Handy, Herb Geraghty y un superviviente del Holocausto. Antes de este año, la Ley FACE nunca se había utilizado para acusar a personas relacionadas con un ataque a un centro de embarazo provida o a un lugar de culto.
Como informa CatholicVote, muchos de estos casos siguen pendientes.
CatholicVote, junto con Students for Life Action y Live Action, apoyó la carta de los republicanos.
Desde la filtración de la decisión Dobbs del Tribunal Supremo en mayo de 2022, se han producido al menos 83 ataques contra centros de recursos para embarazadas y organizaciones provida. Y lo que es aún más significativo, más de 145 iglesias católicas han sido objeto de actos vandálicos u otros ataques.
Antes de enero de 2023, cuando el Departamento de Justicia acusó a cuatro sospechosos de atacar centros de atención a embarazadas, la Ley FACE se había utilizado exclusivamente para atacar a estadounidenses provida. En lo que algunas fuentes describieron como las “primeras” acusaciones de la Ley FACE contra activistas proabortistas que atacaban centros de recursos para embarazadas provida, el DOJ de Biden acusó el 24 de enero a Caleb Freestone y Amber Smith-Stewart, de Florida.
Cuando el DOJ anunció los cargos, la agencia se refirió a los ataques como cometidos contra proveedores de “servicios de salud reproductiva.”
Hasta el 3 de abril, la Ley FACE nunca se había utilizado para perseguir ningún ataque contra iglesias.
El Fiscal General Merrick Garland declaró ante el Poder Judicial del Senado que su agencia ha sido incapaz de perseguir los ataques contra iglesias y organizaciones provida porque ocurren “de noche, en la oscuridad.”
“Estamos orgullosos de apoyar los esfuerzos del representante Roy para desfinanciar la Ley FACE”, dijo esta semana el presidente de CatholicVote, Brian Burch. “Mientras que ostensiblemente protege a las clínicas de aborto, iglesias y centros de recursos para el embarazo, los acontecimientos recientes han demostrado que la Ley se ha convertido en un arma política esgrimida por la administración Biden contra los provida”.
El Director de Asuntos Gubernamentales de CatholicVote, Tom McClusky, añadió: “Desfinanciar la Ley FACE es un gran primer paso para que el DOJ rinda cuentas por su incapacidad de aplicar la ley con imparcialidad”.
Entre los firmantes de la carta se encuentran el representante Jeff Duncan, republicano de Carolina del Sur, el representante Daniel Webster, republicano de Florida, el representante Ralph Norman, republicano de Carolina del Sur, la representante Harriet Hageman, republicana de Wyoming, el representante Eric Burlison, republicano de MO, el representante Paul Gosar, republicano de Arizona, el representante Andrew Clyde, republicano de Georgia, el representante Eli Crane, republicano de Arizona, el representante James Moylan, republicano de Guam, y el representante Dan Bishop, republicano de Carolina del Norte.
Puede leer el artículo completo en inglés aquí.
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Foto: Gage Skidmore / Wikimedia