Aunque se presenta como una entidad científica dedicada a la salud materna, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) es en realidad un actor político global que promueve el aborto sin restricciones en países donde es ilegal. Un informe del PRI revela cómo, con millones de dólares de USAID, FIGO opera en Perú y otros países para infiltrar leyes, entrenar médicos y normalizar abortos fuera del marco jurídico.
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) ha sido durante décadas presentada como una sociedad científica sin fines de lucro, con presencia en más de 130 países y vínculos oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estatus consultivo en la ONU. Pero un nuevo informe del Population Research Institute (PRI) revela una faceta oculta: lejos de ser una organización médica neutral, FIGO actúa como un operador ideológico global, dedicado a la normalización del aborto en todos los contextos, incluso en países donde este es ilegal.
El documento —titulado “FIGO: Financiación de USAID y promoción del aborto en Iberoamérica, África y Europa”— recoge evidencia directa de la propia FIGO: documentos oficiales, declaraciones públicas, manuales, programas de formación y convenios con ONG abortistas. El informe expone cómo esta federación promueve el aborto como un “derecho humano básico” y como un “servicio de salud esencial” que debe practicarse sin restricciones y en cualquier etapa del embarazo.
El 2024, en los últimos meses del gobierno de Joe Biden, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aprobó una transferencia de 89 millones de dólares al consorcio EngenderHealth, del cual FIGO es miembro clave. Con ese fondo se activaron programas de incidencia política, capacitación profesional y difusión de guías clínicas que recomiendan el aborto incluso después de las 12 semanas de gestación.
Este financiamiento se ha usado para presionar cambios legislativos, imponer reformas sanitarias y formar redes nacionales de médicos dispuestos a ejecutar abortos al margen de la ley. La financiación se presenta como “planificación familiar” o “salud sexual y reproductiva”, pero el informe demuestra que el aborto ocupa el centro de sus actividades.
El capítulo más grave del informe es el del Perú. En 2018, FIGO encomendó a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) liderar un “Comité de Aborto Seguro” cuyo objetivo explícito era vaciar de contenido el protocolo de aborto terapéutico vigente en el país. Desde entonces, y en articulación con el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), esta estrategia derivó en la elaboración de una guía que amplía arbitrariamente las causales legales, incluyendo malformaciones del feto, afectación psicológica de la madre y otros factores no contemplados por la ley.
En 2024, mediante la Resolución Directoral 100-2024-DG-INMP/MINSA, el INMP oficializó este protocolo. Entre 2009 y 2020 se realizaron 374 abortos en el instituto, de los cuales el 95% fueron ilegales bajo la legislación peruana.
Este proyecto contó con respaldo de UNICEF, fue presentado al Ministerio de la Mujer y formó parte de una red de influencia coordinada desde Londres. Todo esto demuestra una intervención directa de intereses transnacionales que utilizan instituciones nacionales para torcer la ley desde dentro.
Lo ocurrido en Perú es solo una pieza del rompecabezas. El informe del PRI documenta cómo FIGO aplica el mismo patrón en más de 20 países. En Colombia, trabajó junto a la FECOLSOG y USAID para promover el aborto con misoprostol y redefinir el concepto de “interrupción voluntaria del embarazo” como servicio obligatorio. En Argentina, celebró la legalización del aborto y propuso replicar ese modelo en toda la región.
En África, FIGO implementó un programa que promovía el aborto autogestionado en casa usando fármacos. En Europa del Este, presiona a gobiernos con campañas de “solidaridad mundial por el aborto seguro”. A nivel global, organiza congresos, lanza guías clínicas, y desarrolla incluso aplicaciones para capacitar personal en técnicas abortivas.
Más que una federación de médicos, FIGO actúa como actor político disfrazado de entidad médica, con una red de aliados ideológicos que incluye a IPPF, Ipas, MSI Reproductive Choices y Amnistía Internacional. Entre sus estrategias destacan:
Todo esto se presenta como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 3.1 sobre mortalidad materna, pero en la práctica equivale a establecer un marco global para liberalizar el aborto sin consentimiento democrático.
El informe del PRI es una advertencia clara: el aborto no solo se impone por leyes, sino por redes internacionales que manipulan sistemas de salud, financiamiento, y políticas públicas. En Perú, ya se ha cruzado la línea: se están cometiendo abortos fuera de la ley, bajo guías elaboradas por entidades infiltradas. No se trata de salud. Se trata de poder.
Urge que el Estado peruano revise los convenios con FIGO y sus aliados, que se investigue la legalidad de los abortos realizados en el INMP, y que se revoque toda guía o protocolo contrario al marco jurídico nacional. Defender la soberanía legal es también defender el derecho a la vida de los más vulnerables.