El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, junto con Alliance Defending Freedom (ADF), presentó un escrito de respuesta esta semana ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, defendiendo la ley pro vida del estado contra la oposición del gobierno federal.
El caso, Estados Unidos de América contra el estado de Idaho, gira en torno al intento de la administración Biden-Harris de utilizar la ley federal para obligar a los médicos de urgencias a realizar abortos, que están prohibidos por la Ley de Defensa de la Vida de Idaho.
En un comunicado de prensa del 8 de noviembre, Labrador criticó fuertemente la interpretación de la ley por parte del gobierno federal.
“La interpretación radical de la ley federal por parte de la administración Biden-Harris muestra un desprecio ilegal por el derecho de Idaho a proteger la vida”, dijo Labrador. Enfatizó que la Ley de Defensa de la Vida de Idaho se alinea con la Ley Federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto ( EMTALA ), que obliga a los médicos a atender tanto a las mujeres como a sus hijos no nacidos en situaciones de emergencia.
Las afirmaciones de la administración Biden se centran en el hospital St. Luke, que alegó que la ley pro vida de Idaho requería que las mujeres fueran trasladadas en avión fuera del estado para abortar, informó NBC News.
Sin embargo, Labrador explicó en su declaración del 8 de noviembre que “cuando se le interrogó bajo juramento, St. Luke’s admitió que no sabía por qué las mujeres habían sido trasladadas. De hecho, una de las mujeres trasladadas en avión fuera del estado dio a luz a gemelos sanos de un “embarazo muy deseado”.
“Nuestra ley es muy clara”, dijo Labrador, según NBC News. “Protege a los médicos, protege a las mujeres, protege a los niños no nacidos y garantiza que los médicos puedan utilizar un criterio subjetivo si creen que la vida de la madre está en peligro”.
“La ley de Idaho espera que los médicos salven las vidas de las mujeres”, enfatizó Labrador en su comunicado de prensa.
John Bursch, asesor principal y vicepresidente de defensa de apelaciones de ADF, criticó aún más las acciones de la administración Biden. “Tanto la ley de Idaho como la EMTALA buscan proteger las vidas de las mujeres y sus hijos no nacidos, y la coherencia entre esas leyes nos hace tener confianza en el futuro de este caso”, dijo Bursch.
“La afirmación del gobierno de que puede usar su poder adquisitivo para anular cualquier ley estatal que no le guste es asombrosa”, continuó. “También es errónea. La administración Biden-Harris no puede pagar a los hospitales privados para que violen la ley estatal”.
Bursch enfatizó que bajo la ley de Idaho, los médicos continuarán brindando la atención necesaria en casos como embarazos ectópicos, abortos espontáneos y otras afecciones potencialmente mortales.
“Nos unimos a Idaho para instar al tribunal a poner fin a la extralimitación ilegal de la administración y proteger la libertad de la gente para preservar la vida”, concluyó.