La obsesión abortista del gobierno parece demostrar que el uso del poder para pisotear las leyes está permitido cuando lo que se persigue es la imposición de la ideología progresista. Sin embargo, 21 fiscales generales dijeron ante un tribunal federal de Virginia Occidental que las regulaciones de los estados sobre el aborto prevalecen sobre las autorizaciones que la FDA pueda darle a los fármacos abortivos, y sobre el derecho de los fabricantes a venderlos.
Newsmax informó que “la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) no tiene potestad para anular a los estados que han prohibido el acceso a la píldora abortiva, dijeron el lunes los fiscales generales de 21 estados a un juez federal”.
Según la publicación, “los fiscales pidieron al tribunal federal de Virginia Occidental que desestimara la demanda presentada por GenBioPro, uno de los fabricantes de la píldora abortiva mifepristona, informó la CNBC”.
“La demanda de GenBioPro”, señala la nota, “pide al tribunal que anule la prohibición en Virginia Occidental, diciendo que impide a la FDA seguir la ley federal en la forma en que regula la mifepristona”.
“La regulación estatal individual de la mifepristona destruye el mercado común nacional y entra en conflicto con el fuerte interés nacional en garantizar el acceso a un medicamento aprobado por el gobierno federal para interrumpir un embarazo, lo que resulta en el tipo de fractura económica que los autores pretendían impedir”, argumenta GenBioPro en la demanda, según informa Newsmax.
“El poder de policía de un Estado no se extiende a la prohibición funcional de un artículo de comercio interestatal: la Constitución deja eso en manos del Congreso”, prosigue la demanda.
“Los fiscales generales del Partido Republicano replican en su escrito al tribunal que el hecho de que la FDA apruebe un medicamento no otorga a los fabricantes el derecho incondicional a venderlo en todo momento. Los estados tienen potestad para regular el aborto, ya sea quirúrgico o farmacológico, afirman, y eso prevalece sobre el derecho de los fabricantes a venderlo”, agrega la publicación.
“Incluso si Virginia Occidental hubiera prohibido la mifepristona, no habría ningún problema de prioridad”, argumentaron, porque, según da cuenta la nota, “no hay nada en la ley que impida a un estado prohibir un medicamento que la ley federal permite”.
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