Un sistema escolar público de Virginia ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de que funcionarios de la escuela secundaria organizaron y pagaron para que dos menores de edad se sometieran a abortos sin notificar a los padres de las niñas, violando así la ley de Virginia.
La investigación de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) llega después de un informe explosivo de Substack del 5 de agosto elaborado por Walter Curt, que afirma que una trabajadora social de la escuela secundaria de Centreville, Carolina Díaz, estuvo involucrada en la obtención de abortos para dos estudiantes.
El primer incidente supuestamente ocurrió en noviembre de 2021, cuando la estudiante tenía 17 años. La joven afirma que Díaz programó la cita, la pagó y “mantuvo todo en secreto sin informar a mi familia”, según Curt. En el segundo caso, una estudiante que en ese momento tenía cinco meses de embarazo acudió a una cita para un aborto que le habían conseguido después de que Díaz, según se informa, le dijera que “no tenía otra opción”. Finalmente, decidió no abortar y optó por abandonar la clínica en lugar de hacerlo.
Según el informe, el director Chad Lehman tenía conocimiento de ambos incidentes, y ambas citas para abortos aparentemente se financiaron con fondos escolares. En ambas ocasiones, no se informó a los padres ni a las familias de las niñas, lo cual constituye una violación de la ley estatal que exige que al menos uno de los padres sea notificado antes de realizar un aborto a una menor.
Curt escribió en su informe: “Los analistas legales me dicen que si los empleados de la escuela efectivamente organizaron y pagaron estos procedimientos, existe responsabilidad penal y civil en juego, desde contribuir a la delincuencia de un menor hasta el uso indebido de fondos públicos”.
El informe también indica que la segunda niña le contó a su maestra, Zenaida Perz, sobre el incidente. Los administradores intentaron silenciarla al darse cuenta de que estaba al tanto del incidente, según declaraciones escritas de los estudiantes.
Según se informa, los estudiantes dijeron más tarde que los administradores de la escuela comenzaron a buscar formas de despedir a Perz o presionarla para que renunciara, incluso intentando que los estudiantes la incitaran a cometer violaciones menores de las políticas.
FCPS le dijo a CatholicVote por correo electrónico que ha contratado a un investigador externo para que examine las acusaciones y agregó: “Tenemos serias preguntas sobre estas acusaciones que deben ser respondidas”.
“En ningún momento la situación descrita en estas acusaciones de 2021 sería aceptable en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax”, agregó FCPS.
El 6 de agosto, la cadena local 7News, afiliada de ABC , preguntó si el personal de FCPS había gestionado abortos en nombre de sus estudiantes. En respuesta, el sistema escolar declaró: «Que no sepamos, no. Hemos iniciado una investigación inmediata sobre estas inquietudes en cuanto nos enteramos».
FCPS también dirigió a 7News a su política sobre consejería para estudiantes embarazadas, que establece: «Se hará todo lo posible para animar y apoyar a las estudiantes que sospechen que están embarazadas a que hablen de su preocupación con sus padres o tutores». La política también añade: «En ningún caso el personal se comprometerá a mantener dicha información confidencial, ocultándola a los padres, tutores o autoridades escolares competentes».
El martes 14 de marzo , la organización pro vida 40 Días por la Vida condenó el incidente y lo calificó de “explotación infantil financiada por el Estado”.
La organización añadió: “Todos los funcionarios involucrados deben rendir cuentas”.