Gobierno Busca Debilitar Objeción De Conciencia En La Salud

En una columna en el Daily Signal, Melanie Israel nos cuenta que la administración Biden busca eliminar las protecciones adicionales a la objeción de conciencia establecidas por el expresidente Trump. En concreto, el gobierno busca eliminar fácticamente o cuando menos complicar la aplicabilidad de una norma que busca proteger un bastión que la agenda progresista ansía conquistar: las conciencias. El plazo para presentar comentarios a la propuesta vence el 6 de marzo.

Melanie Israel informa en el Daily Signal que “en 2019, la administración Trump emitió un reglamento que facultaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos para aplicar enérgicamente las leyes federales de protección de la conciencia. Pero ahora, la administración Biden propone eliminar esas reglas, lo que en última instancia dejaría a las personas más vulnerables a ser obligadas a participar en procedimientos controvertidos que violan su conciencia”.

“Las leyes que protegen los derechos de conciencia en la atención sanitaria no son nada nuevo”, señala Israel. “Durante más de 40 años, la legislación federal ha protegido el derecho de las personas a no participar en determinados procedimientos controvertidos, como el aborto, la esterilización y el suicidio asistido”.

La autora da cuenta de que “estas leyes incluyen las Enmiendas Church, Coats-Snowe y Weldon. El Congreso aprobó esas leyes con apoyo bipartidista. Protegen a los trabajadores de la salud, hospitales, organizaciones que reciben fondos del HHS y otros de tener que proporcionar, participar, pagar, proporcionar cobertura o remitir a determinados procedimientos si hacerlo viola sus creencias religiosas sinceras o convicciones morales”.

Pero Israel está convencida de que “aunque tenemos esas leyes en vigor, eso no significa que no se produzcan violaciones. Por ello, en las últimas semanas de la administración del presidente George W. Bush, el HHS publicó una norma que proporcionaba instrucciones específicas para garantizar que los fondos del departamento no se utilizaran de forma que se violaran los estatutos de conciencia, y que todos los receptores de fondos federales comprendieran sus obligaciones en virtud de estas leyes. Pero la administración Obama anuló en gran medida esa norma antes de que pudiera entrar en vigor”.

“En ausencia de políticas más sólidas en el HHS para proteger los derechos de conciencia, el único recurso de alguien era presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del HHS si creía que había sido discriminado. Desgraciadamente, esa oficina no solía actuar con rapidez -si es que lo hacía- en relación con esas denuncias”, señala el artículo.

Al respecto, la columna señala que “ese statu quo era inaceptable. En 2018, la administración Trump estableció una División de Conciencia y Libertad Religiosa dentro de la Oficina de Derechos Civiles del HHS dedicada a proteger esos importantes derechos. En 2019, también finalizó una regla que proporcionaba a la nueva división más formas de hacer cumplir las leyes de protección de conciencia”.

“La norma garantizó que aquellos que reciben fondos del HHS cumplan plenamente con todos los estatutos federales de conciencia. También esbozaba el modo de investigar rápidamente las infracciones y, lo que es más importante, de corregirlas”, añade Israel.

Ante ello, la autora se pregunta “¿cómo puede el HHS aplicar con firmeza las leyes de protección de la conciencia? En 2020, la Oficina de Derechos Civiles retiró 200 millones de dólares de los fondos de Medicaid de California. El estado había violado la ley federal al exigir que los planes de atención médica del estado cubrieran los abortos -sin ninguna limitación-, incluso en los planes utilizados por una orden de monjas”.

“Health and Human Services también remitió un hospital de Vermont al Departamento de Justicia. El hospital obligó a una enfermera a ayudar en un aborto electivo a pesar de sus objeciones. El hospital también se negó a cambiar sus políticas para cumplir con las Enmiendas de la Iglesia y evitar que se volvieran a violar los derechos de conciencia de sus empleados”, recuerda el artículo.

“Como era de esperar”, apunta Israel, “la izquierda impugnó la norma de conciencia ante los tribunales, y el gobierno de Biden restableció la financiación de Medicaid a California. El Departamento de Justicia de Biden también retiró la demanda contra el hospital de Vermont que se negó a cumplir con las Enmiendas de la Iglesia”.

“Ahora, el HHS planea hacer retroceder la norma de conciencia. La nueva norma eliminaría las disposiciones de aplicación, suprimiría definiciones y explicaciones fundamentales sobre lo que se considera discriminación o infracción, permitiría a la Oficina de Derechos Civiles no responder a ninguna queja, permitiría resoluciones informales y no vinculantes, y mucho más”, resalta la nota.

En su opinión, esto significa que “en efecto, el HHS está intentando dar marcha atrás en el tiempo. Una vez más, los estadounidenses tendrían que depender de un burócrata gubernamental (potencialmente hostil) para investigar y actuar sobre una queja de que sus derechos civiles han sido violados”.

“El periodo de comentarios para la propuesta de norma de Biden está abierto hasta el 6 de marzo. Eso da a todos los estadounidenses que se preocupan por los derechos de conciencia la oportunidad de explicar por qué el HHS debe proteger sus derechos de conciencia, no encontrar nuevas formas de exponerlos a ataques”, señala Israel.

Puede leer la columna completa en inglés aquí.