Esta es la pregunta que un grupo de organizaciones provida buscan responder. Para ello, han solicitado información para determinar si el Departamento de Justicia (DOJ) está ignorando intencionalmente los ataques contra los grupos provida. Esta contundente solicitud también incluye un pedido al DOJ para que se haga cargo de los “continuos ataques violentos contra las organizaciones provida”, y a que imparta justicia “independientemente de las simpatías de la administración Biden”.
El portal Pregnancy Help News informó que esta coalición de organizaciones provida es “liderada por el exvicepresidente Mike Pence y su iniciativa Advancing American Freedom” y que la petición fue presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
Según reporta la publicación, la coalición señaló que a sus integrantes les “preocupa seriamente que el trabajo del Departamento de Justicia se esté politizando de forma inadecuada, ya que las investigaciones sobre estos actos de violencia contra organizaciones desfavorecidas por la actual administración se están ralentizando o ignorando directamente”. Además, afirmó que “la ejecución de la justicia requiere aquí un trato justo e igualitario ante la ley, independientemente de las simpatías de la administración Biden”.
Este pedido se hace porque, según señala el artículo, “aunque la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) “prohíbe las amenazas de fuerza, obstrucción y daños a la propiedad con la intención de interferir en los servicios de atención sanitaria reproductiva” y se aplica tanto a los centros abortistas como a los centros de ayuda al embarazo, hasta ahora solo se ha utilizado contra los defensores provida bajo la Administración Biden”.
Pregnancy Help News añade que “centros de embarazo, organizaciones provida e iglesias de todo EE.UU. han sido objetivo de extremistas abortistas con violencia, vandalismo y acoso desde que el 2 de mayo se filtró el borrador de la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo en el caso Dobbs”. “Según CatholicVote”, continúa el portal, “al menos 100 iglesias católicas y 78 centros de embarazo y otras organizaciones provida han sido atacadas desde mayo, sin que el Departamento de Justicia haya presentado ni un solo cargo en relación con estos ataques. Sin embargo, la División de Derechos Civiles del DOJ ha alegado violaciones de la Ley FACE contra 26 provida que han sido acusados este año”.
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