Los registros de la institución señalan que, solo en el año 2022, tres mujeres murieron como producto de abortos y dos bebes nacieron vivos luego de unos abortos químicos. Además, los registros parecen indicar que algunos centros no informaron sobre cuatro abortos en niñas de 15 años o menos, tal como manda la ley. A pesar de esto, el Departamento de Salud no ha cerrado ningún centro abortista.
The Federalist informó que “los registros de abortos de Indiana obtenidos esta semana por The Federalist indican que en 2022 tres mujeres murieron tras procedimientos abortivos y dos bebés nacieron vivos tras abortos químicos. También sugieren que los abortistas de Indiana no informaron de cuatro abortos en niñas de 15 años o menos, como exige la ley. Una de las menores que no fue remitida a una investigación estatal de abusos tras su aborto, una violación de la ley estatal, tenía sólo 13 años, dicen los registros”.
La nota señala que “el Departamento de Salud de Indiana recibe Informes de Embarazos Interrumpidos, exigidos por ley, sobre cada aborto cometido en el estado. Más de 100 de ellos, de enero a noviembre de 2022, indican que los centros abortistas del estado pueden haber cometido delitos e infracciones sanitarias, según los registros de Voices for Life, una organización provida de Hoosier”.
“Sin embargo, el IDH no ha cerrado ningún centro abortista desde enero de 2022, ni siquiera aquellos en los que, según los registros, murieron mujeres después de abortar. En cuanto a los 22 abortistas nombrados en estos numerosos informes recientes que indican posibles malas prácticas médicas, “no tengo conocimiento de ningún médico que haya perdido su licencia”, dijo la directora ejecutiva de Voices for Life, Melanie García Lyon, a The Federalist el miércoles”, continúa la publicación.
La publicación también da cuenta de que “el gobernador republicano de Indiana y la legislatura dominada por los republicanos están a punto de aumentar la financiación de los contribuyentes para el departamento de salud en un 2000 por ciento esta semana, de $ 7 millones al año a más de $ 150 millones. El IDH también empujó a las familias de Indiana al bloqueo y al caos de las pruebas de Covid durante dos cursos escolares, a pesar de las primeras pruebas disponibles de que los niños corrían un riesgo bajo de exposición al Covid-19”.
“El gobernador Eric Holcomb aprovecha ahora los daños causados por sus prolongados cierres de Covid, que incluyen angustia mental, obesidad y catástrofe académica, para aumentar la financiación del principal facilitador y ejecutor de los cierres en Indiana. Ese ejecutor también resulta ser de baja energía en la investigación de las empresas de aborto cuyos servicios han resultado en la muerte de mujeres Hoosier”, agrega la nota.
Según The Federalist, “Voces por la Vida y su socio nacional Estudiantes por la Vida recopilan estos registros y presentan quejas sobre aparentes violaciones ante el IDH y la oficina del fiscal general del estado, dijo García Lyon a The Federalist. Cuarenta por ciento de las violaciones potenciales que el grupo encontró de enero a noviembre de 2022, dijo García Lyon, eran de lugares de Planned Parenthood”.
Puede leer el artículo completo en inglés aquí.
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Foto: new voices / flickr