Juez Federal Abre Paso A Reducciones De Personal En USAID
Un juez federal allanó el camino para que la administración Trump avance con los planes de destituir a miles de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) el viernes.
El juez de distrito estadounidense Carl Nichols levantó un bloqueo temporal, impuesto originalmente el 7 de febrero. La medida permite al presidente Donald Trump y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) reducir significativamente la financiación y la fuerza laboral global de USAID.
La acción del juez llega en respuesta a una demanda presentada por los sindicatos que representan a los trabajadores de USAID.
La demanda argumentó que las reducciones de personal dejarían a los empleados en el extranjero, particularmente en zonas de alto riesgo como el Congo, sin comunicación de emergencia.
La administración de USAID, encabezada por el Secretario de Estado Marco Rubio, aseguró a su personal que tendrían acceso a herramientas de emergencia, incluidas radios bidireccionales, para garantizar su seguridad.
Nichols dictaminó que los sindicatos carecían de fundamentos legales para bloquear los planes de DOGE, afirmando que los trabajadores “no han demostrado que se justifique una medida cautelar preliminar adicional”.
El plan de DOGE de desmantelar USAID surge tras críticas a las prácticas de gasto de la agencia, y la administración Trump argumenta que sus operaciones son derrochadoras y no están alineadas con las políticas que benefician a los estadounidenses.
Un artículo reciente de la Casa Blanca describió a USAID como una entidad “que no rinde cuentas a los contribuyentes” y que canaliza “enormes sumas de dinero a los ridículos –y, en muchos casos, maliciosos– proyectos favoritos de burócratas arraigados, con casi ninguna supervisión”.
Como CatholicVote informó anteriormente : “La declaración continuó enumerando varios abusos, incluidos millones de dólares otorgados a países extranjeros para promover iniciativas controvertidas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), miles de dólares para iniciativas ‘transgénero’ y $ 2 millones para ‘cambios de sexo’”.
Nichols afirmó en su fallo: “El Tribunal ciertamente reconoce estos efectos potenciales de las acciones del gobierno. Pero el gobierno también ha identificado daños plausibles que podrían surgir si no se permite que se reanuden sus acciones con respecto a USAID. En opinión del Presidente, ‘la industria de ayuda exterior de los Estados Unidos’ no está ‘alineada con los intereses estadounidenses y en muchos casos [es] antitética a los valores estadounidenses’ y, de hecho, a ‘la paz mundial’”.