Juez federal bloquea los recortes de financiación de Planned Parenthood
El lunes, un juez federal bloqueó temporalmente al gobierno de Trump el recorte de la financiación de Medicaid de Planned Parenthood, una disposición del amplio proyecto de ley “Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump que convirtió en ley el viernes.
La jueza federal de distrito Indira Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, emitió una orden de restricción temporal contra la disposición a petición de Planned Parenthood. Su orden impugna la prohibición, vigente durante un año, de la financiación federal a los proveedores de servicios de aborto.
La orden tiene una duración de 14 días y requiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., así como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, continúen desembolsando fondos como de costumbre a Planned Parenthood.
La orden no afecta los recortes de financiación de otros proveedores de abortos, informó The Hill , aunque Planned Parenthood afirma que se ve afectada casi exclusivamente por la disposición de la ley. Según se informa, Planned Parenthood argumentó que la ley federal ya le prohíbe utilizar fondos públicos para abortos, alegando que la disposición la afecta inconstitucionalmente.
Según CBS News, el gigante del aborto lo calificó de “un intento descarado de aprovechar el poder adquisitivo del gobierno para atacar y penalizar a Planned Parenthood y señalarla inadmisiblemente para darle un trato desfavorable”.
Según informes, la orden de Talwani se produjo apenas horas después de que Planned Parenthood presentara una demanda por los recortes de Medicaid. Según The Hill, «La jueza emitió la decisión antes de que el gobierno respondiera, sin ofrecer ninguna explicación más allá de una breve nota donde afirmaba que Planned Parenthood había demostrado una ‘buena causa’ para que ella interviniera de inmediato».
CBS News informó que un funcionario de la Casa Blanca respondió al fallo, declarando: “La Administración Trump está poniendo fin al uso forzado de dólares de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo, una posición de sentido común con la que está de acuerdo la abrumadora mayoría de los estadounidenses”.