La Corte Suprema respalda a Trump en su plan de reducir el Departamento de Educación
Con una votación dividida y en medio de la resistencia del progresismo judicial, la Corte Suprema de EE.UU. autorizó a la administración Trump a continuar con el despido de más de 1.400 empleados del Departamento de Educación, en lo que representa uno de los pasos más firmes hacia su ambicioso plan de achicar el Estado federal y devolver las competencias educativas a los estados.
Un fallo histórico para una reforma estructural
La decisión de la Corte Suprema, emitida el 14 de julio tras una apelación de emergencia, marcó una contundente victoria para la administración del presidente Donald Trump en su objetivo de reducir la burocracia federal. Por mayoría, el alto tribunal permitió que el Departamento de Educación proceda con el despido de 1.396 empleados, cuya salida había sido bloqueada por una orden judicial previa.
Este recorte forma parte de una reestructuración más amplia que busca limitar el rol del gobierno federal en la educación pública y transferir esas competencias a los estados y a las familias. La iniciativa había sido detenida por el juez federal Myong Joun, en Boston, quien dictó una medida cautelar en respuesta a dos demandas consolidadas: una presentada por distritos escolares y sindicatos, y otra encabezada por 21 fiscales generales demócratas.
Joun alegó que los despidos “paralizarían” al Departamento, comprometiendo su capacidad para cumplir con responsabilidades establecidas por el Congreso, tales como supervisar el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, distribuir ayudas federales para la educación especial o garantizar el acceso equitativo a la educación.
El aval de la Corte y el fuerte disenso de la izquierda
Siguiendo su práctica habitual en apelaciones de emergencia, la Corte Suprema no ofreció una explicación escrita de su decisión. Sin embargo, tres de sus miembros —las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— emitieron un voto disidente conjunto, criticando con dureza el fallo.
Sotomayor fue especialmente directa en su condena:
“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”.
La disidencia revela el choque ideológico que atraviesa el aparato judicial estadounidense en relación a la amplitud del poder presidencial y el futuro del federalismo educativo. Mientras que el bloque conservador sostiene el derecho del presidente a reorganizar su administración según los fines del Ejecutivo, el bloque progresista acusa al gobierno de vulnerar las funciones básicas del Estado y actuar en detrimento de los más vulnerables.
La postura del gobierno: eficiencia y devolución del poder a los estados
La secretaria de Educación, Linda McMahon, celebró el fallo de la Corte como una “reafirmación del principio constitucional de la autoridad ejecutiva”. No obstante, en su declaración oficial no dejó de expresar molestia por el hecho de que la decisión haya requerido intervención judicial:
“Hoy, la Corte Suprema confirmó nuevamente lo obvio: el presidente de los Estados Unidos, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la máxima autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”.
En su cuenta de X (antes Twitter), McMahon insistió en que los despidos permitirán dirigir los recursos “donde realmente importan: a estudiantes, padres y maestros”, al tiempo que recalcó el compromiso de su gestión con la “eficiencia y la rendición de cuentas”. También enfatizó que la reducción del personal no implicará el abandono de funciones legales, sino una simplificación para evitar duplicidades y excesos burocráticos.
Una promesa de campaña que toma forma
Desde su primera campaña presidencial en 2016, Trump ha prometido recortar drásticamente el tamaño del gobierno federal, al que suele describir como una “estructura obesa y autorreferencial” que obstaculiza el dinamismo social y económico. La reforma del Departamento de Educación se presenta como un caso emblemático dentro de esta agenda, por el alto simbolismo ideológico que representa: una disputa entre el control central y la autonomía local en la educación de los niños.
Los empleados afectados por la medida pertenecen en su mayoría a áreas administrativas, y desde marzo habían sido puestos en licencia con goce de sueldo, a la espera de una resolución judicial. Según reportes internos, el Departamento había solicitado en junio que informaran si habían conseguido otro empleo, con el objetivo de gestionar una eventual salida “fluida e informada”.
Los sindicatos, como la Federación Americana de Maestros y la Federación de Empleados Gubernamentales Local 252, denunciaron que la reducción de personal atenta contra el interés público. Sin embargo, desde el gobierno se defiende la medida como una acción necesaria para terminar con la cultura de ineficiencia en el manejo de fondos públicos.
Nuevas demandas y un clima judicial tenso
Aunque la Corte Suprema desbloqueó los despidos, la administración Trump aún enfrenta otros desafíos legales en el ámbito educativo. El mismo lunes, una coalición de 24 estados presentó una nueva demanda contra la decisión del gobierno federal de congelar miles de millones de dólares destinados a programas extracurriculares y actividades de verano.
Estas acciones reflejan que el conflicto está lejos de resolverse y que cada paso hacia una reestructuración profunda del Estado será acompañado de una batalla legal. No obstante, los recientes triunfos judiciales —incluyendo la autorización de recortes en becas para formación docente— consolidan la posición del Ejecutivo frente a una oposición que ha optado por judicializar cada decisión estratégica del gobierno.
Una batalla por el alma de la educación
El trasfondo de esta disputa no es meramente administrativo, sino filosófico. La reforma del Departamento de Educación que impulsa Trump apunta a recuperar el control de las escuelas para los estados, las comunidades y las familias, en oposición a décadas de centralismo progresista desde Washington D.C.
En un momento en que el adoctrinamiento ideológico, la imposición de agendas identitarias y la decadencia de estándares académicos preocupan a millones de padres en Estados Unidos, esta medida se interpreta como un primer paso hacia la recuperación del sentido común en la política educativa. Trump, como lo ha reiterado en varios discursos, considera que “la educación pertenece a los padres, no a los burócratas”.
Con este fallo, la Corte Suprema no solo habilitó un recorte de personal: abrió la puerta a una transformación estructural del modelo educativo norteamericano. Lo que está en juego no es solo el tamaño de una agencia federal, sino quién decide cómo y qué aprenden los niños del país más poderoso del mundo.