La píldora abortiva bajo escrutinio
CatholicVote celebra un inesperado giro en el debate sobre el aborto químico: el gobierno federal, por primera vez en años, muestra disposición a revisar los peligros de la mifepristona. A través de una carta firmada por miles de médicos y organizaciones provida, se exige a la FDA que reestablezca protocolos de seguridad eliminados por la administración Biden. ¿El resultado? Una posible ruptura en el consenso ideológico que ha protegido al lobby abortista durante décadas. Aquí la columna de nuestra presidente, Kelsey Reinhardt.
Por: Kelsey Reinhardt
¡Por fin! Un poco de sentido común —y puntos en común— en lo que respecta a los abortos inducidos por medicamentos.
En CatholicVote, siempre hemos sostenido que la oposición al aborto no es solo una cuestión moral. También es un asunto de salud pública. Y parece que el principal defensor de la salud pública del país está de acuerdo.
Robert F. Kennedy, Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos (y defensor del derecho al aborto), ha solicitado al comisionado de la FDA, Marty Makary, que revise los datos más recientes sobre la mifepristona —también conocida como “la píldora abortiva”—. Es una candidata natural a ser incluida en su iniciativa MAHA (Make America Healthy Again), cuyo objetivo es recuperar la salud de Estados Unidos.
Hay que reconocer que el comisionado Makary ha declarado su “compromiso con llevar a cabo una revisión”. Y considerando que el 63 % de los abortos en Estados Unidos se realizan por vía química (según el Instituto Guttmacher, de orientación proaborto), dicha revisión no podría ser más oportuna ni más urgente.
Esta decisión surge como respuesta a la indignación pública. En una carta reciente, asociaciones médicas provida que representan a unos 30.000 médicos instaron a la FDA a restablecer los protocolos de seguridad en torno a la mifepristona, eliminados por la administración Biden. En ella se citan nuevos estudios que sugieren que cientos de miles de mujeres han resultado afectadas por los abortos químicos.
Esa carta fue precedida por otra similar de una coalición provida, firmada por 114 organizaciones —incluida CatholicVote—, que también exigía restituir los protocolos de seguridad relacionados con la mifepristona.
Los estándares de seguridad para los medicamentos forman parte de la vida cotidiana. En un mundo donde la pseudoefedrina —un descongestionante nasal de venta libre— se mantiene fuera del alcance del público por temor a que los menores la usen para fabricar metanfetamina, ¿por qué no tomar precauciones sencillas para proteger a mujeres y niñas de los posibles daños de la mifepristona?
Ha llegado el momento de poner fin al “trato especial sin reglas” del que ha gozado el complejo industrial del aborto durante los últimos 60 años. Ya hay suficientes mujeres que han quedado mutiladas —o algo peor—.
Ya no tienen pase libre.
Cuando más del 11 % de las mujeres y niñas que toman mifepristona enfrentan riesgos de hemorragia, sepsis o infecciones, debemos preguntarnos cómo es que el lobby abortista obtuvo permiso para poner en peligro sus vidas junto con las de sus hijos no nacidos.
Aplaudimos tanto al secretario Kennedy como al comisionado Makary por su disposición a enfrentar riesgos para la salud que han sido ignorados únicamente por una devoción ideológica al acceso generalizado y mal regulado al aborto.