Una ley del estado de Washington destinada a mantener a los padres informados sobre el comportamiento, las actividades y la educación de sus hijos en la escuela entró en vigor el 6 de junio, a pesar de los intentos de varios críticos de bloquearla temporalmente.
AP News informó que grupos de libertades civiles, un distrito escolar, organizaciones de servicios para jóvenes y otros calificaron la ley, conocida como Iniciativa 2081, como dañina para los estudiantes, y pidieron al comisionado del Tribunal Superior del Condado de King, Mark Hillman, que emitiera una orden de emergencia para bloquearla. Hillman se negó a hacerlo, diciendo que los supuestos daños de la ley eran sólo especulativos.
La Iniciativa 2081, que fue aprobada abrumadoramente a principios de este año en la legislatura estatal controlada por los demócratas, afirma el papel de los padres en la educación de sus hijos y destaca el derecho de los padres a mantenerse informados sobre el comportamiento y las actividades de sus hijos en la escuela.
La ley exige que las escuelas notifiquen a los padres sobre cualquier tratamiento médico proporcionado a sus hijos, excepto en casos de emergencia, permite a los padres revisar los registros médicos y de asesoramiento de sus hijos, así como excluir a sus hijos de tareas relacionadas con la instrucción sobre sexualidad.
Según AP News, los críticos dijeron que la ley causaría daño a los estudiantes que van a la escuela en busca de métodos anticonceptivos, derivaciones a abortos o asesoramiento sobre cuestiones de identidad de género, agresión sexual o violencia doméstica.
AP News informó que Brian Heywood, un conservador que apoyó financieramente la iniciativa, “ha dicho que la medida no fue diseñada para dar a los padres poder de veto sobre la decisión de sus hijos de acceder a asesoramiento o tratamiento médico”.
“Es simplemente decir que tienen derecho a saber”, añadió, según AP News.
Según el medio de comunicación local KPQ, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Washington afirma que la ley viola la constitución estatal, ya que podría afectar las leyes estatales de privacidad.
Según la constitución estatal, las nuevas leyes que afectan las leyes existentes deben indicar adecuadamente el cambio, lo que, según la ACLU, la Iniciativa 2081 no hace.
Heywood dijo que las afirmaciones de la ACLU son antidemocráticas.
“La ACLU ha dejado muy claro su desdén por el proceso democrático”, dijo Heywood, según KPQ. “Esperamos que [el Fiscal General] Bob Ferguson cumpla con su deber dentro de la ley de proteger la voluntad del pueblo y ponga fin a este intento frívolo de la ACLU de privar a los padres de sus libertades civiles”.
AP News agregó que William McGinty, abogado del estado, ha argumentado que la ley es constitucional.