Libertades Condicionales Para Inmigrantes De Biden Podrían Provocar El Registro Ilegal De Votantes
El programa ampliado de libertad condicional masiva de la administración Biden para inmigrantes ilegales podría amenazar el registro legal de votantes, sostienen expertos en leyes electorales y fronteras.
Bajo el sistema de libertad condicional del presidente Joe Biden, que apunta a extranjeros ilegales de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, hasta 30.000 inmigrantes por mes que normalmente no calificarían para una visa pueden usar una aplicación del gobierno de EE. UU. en sus teléfonos celulares para obtener libertad condicional y cruzar la frontera o volar a los Estados Unidos.
“Eso significa que son elegibles para trabajar y para obtener un número de Seguro Social. Simplemente aumenta enormemente la cantidad de personas con Seguro Social para las personas que no están aquí legalmente”, dijo a The Daily Signal Cleta Mitchell, presidenta de Election Integrity Network.
“Esta administración tiene el deber de ordenar a la Administración del Seguro Social que pueda decirle a los estados que sólo porque alguien obtenga un número de Seguro Social no significa que sea ciudadano”.
La aplicación utilizada por extranjeros ilegales se llama CBP One, en referencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Los inmigrantes en libertad condicional son elegibles para permisos de trabajo en Estados Unidos, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, que, al igual que CBP, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Quienes busquen trabajo serán elegibles para obtener números de Seguro Social, según la Administración del Seguro Social.
Según una ley estadounidense llamada Ley Help America Vote, alguien que se registre para votar puede utilizar un número de Seguro Social.
Varios estados también permiten que los últimos cuatro dígitos de un número de Seguro Social se utilicen como identificación de votante en boletas en ausencia o por correo.
Los registradores de votantes locales no conocerían el estado de ciudadanía de quienes proporcionaran los números de Seguro Social, señaló Mitchell.
“La Administración del Seguro Social debería saber si están en libertad condicional o cuál es su estatus. Deberían saberlo y compartirlo con los estados”, dijo a The Daily Signal Mitchell, también investigador jurídico principal del Conservative Partnership Institute. “La Administración del Seguro Social debería separar esos números para que los estados verifiquen los últimos cuatro [dígitos]”.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, anunció en una conferencia de prensa el 12 de abril con el expresidente Donald Trump que presentaría una legislación que exigiría prueba de ciudadanía para votar.
Alguien a quien se le otorga un estatus legal temporal en los EE. UU. con autorización de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional recibe una tarjeta de Seguro Social que dice: “VÁLIDA PARA TRABAJAR SÓLO CON AUTORIZACIÓN DEL DHS”, dijo la portavoz de la Administración del Seguro Social, Nilsa Henríquez.
“Según la Ley Help America Vote, cuando un votante registrado no tiene una licencia de conducir, los estados pueden enviar el nombre del votante registrado, su fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social (SSN) a la SSA para su verificación”, dijo Henríquez a The Daily Signal en un correo electrónico.
“El Seguro Social proporciona la verificación al estado solicitante a través de la red AAMVAnet de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados”, agregó Henríquez. “Desarrollamos Help America Vote Verification (HAVV), que proporciona verificación en tiempo real de la información enviada, incluido el nombre, la fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del SSN, y una indicación de si nuestros registros muestran que el individuo ha fallecido.”
Esta verificación “no proporciona información de ciudadanía” ni otorga “autoridad para proporcionar información de ciudadanía al estado solicitante”, dijo.
Además de una votación sobre un proyecto de ley de verificación de ciudadanía prometido por el presidente de la Cámara, el Comité de Administración de la Cámara avanzó la Ley de Protección de los Votantes Estadounidenses, patrocinada por el representante Chip Roy, republicano por Texas. El proyecto de ley de Roy incluye una disposición que exige que la Administración del Seguro Social proporcione a los estados información para verificar la ciudadanía.
El proyecto de ley de Roy también requeriría que el Departamento de Seguridad Nacional proporcione a los estados acceso gratuito al programa de Verificación Sistemática de Derechos de Extranjeros, o SAVE, que tiene datos sobre quién es un ciudadano estadounidense naturalizado.
“El Departamento de Seguridad Nacional no ha cooperado mucho con los estados”, dijo Mitchell a The Daily Signal. “Les han hecho firmar acuerdos muy engorrosos y costosos para poder tener acceso a la base de datos. A menos que haya una manera de hacer la comparación con las listas de votantes en masa, es bastante inútil”.
La administración Biden podría tomar medidas ejecutivas para hacer que el sistema SAVE sea más accesible para los funcionarios electorales estatales y locales, dijo Mitchell.
“El Departamento de Seguridad Nacional ya se encuentra bajo el requisito legal federal de dar acceso a los funcionarios electorales a la base de datos SAVE”, dijo Mitchell de Election Integrity Network a The Daily Signal. “Eso se utiliza para determinar cuándo un extranjero se vuelve elegible para recibir beneficios públicos. La administración Biden también lo ha arruinado”.
Quienes se oponen a los requisitos de ciudadanía sostienen que no hay evidencia de que inmigrantes ilegales hayan votado. Un artículo reciente en el sitio web de la Radio Pública Nacional, de tendencia izquierdista, declaró que el voto de los no ciudadanos era un “mito” y argumentó que “está cada vez más claro que un fantasma clave en la votación de 2024 será la inmigración”.
La diferencia es que, bajo el programa de libertad condicional de Biden, aquellos que de otro modo serían extranjeros ilegales obtienen un estatus legal temporal en Estados Unidos, lo que permite a esta población acceder a los números de Seguro Social. Sigue siendo ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales , pero el programa de libertad condicional podría hacer que dicha violación sea más difícil de rastrear.
La base de datos de casos de fraude electoral de la Heritage Foundation muestra 21 casos adjudicados de votantes no elegibles que emitieron sus votos entre 2003 y 2023 (Heritage fundó The Daily Signal en 2014).
Un estudio de 2014 realizado por profesores de la Universidad Old Dominion y la Universidad George Mason estimó que alrededor del 6,4% de los no ciudadanos votaron en las elecciones presidenciales de 2008 y el 2,2% votó en las elecciones de mitad de período de 2010.
La administración Biden ha concedido libertad condicional a al menos 1 millón de inmigrantes ilegales, según The Associated Press. Esta política se amplió bajo el programa “Parole Plus Alternatives to Detention”, que el gobierno llama “Parole+ATD”.
“Los extranjeros ilegales son absolutamente una amenaza en el registro de votantes de varias maneras”, dice Lora Ries, directora del Centro de Inmigración y Seguridad Fronteriza de The Heritage Foundation. “Podría ser a través de los números de Seguro Social o a través del registro de votantes con licencias de conducir según la ley de Votantes Motorizados”.
Ries, ex subjefe de gabinete interino del Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que los estados tienen una mayor carga de vigilar a estos nuevos votantes potenciales.
“Podría depender de cuáles sean las leyes estatales y de si [un estado] mantiene actualizado su censo de votantes para garantizar que los no ciudadanos o los fallecidos sean eliminados”, dijo.
En marzo, un juez federal desestimó una demanda presentada por 21 estados, encabezados por Texas, en oposición al programa de libertad condicional de Biden para extranjeros ilegales. El juez federal de distrito Drew B. Tipton del Distrito Sur de Texas dictaminó que los estados carecían de legitimación activa, pero escribió: “Al llegar a esta conclusión, el tribunal no aborda la legalidad del programa”.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas de The Daily Signal para este informe.
El sitio web de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., otra subagencia del DHS, dice: “Podemos, a nuestra discreción, otorgar a una persona en libertad condicional una autorización de empleo temporal, si no es inconsistente con el propósito y la duración de su libertad condicional”.
El sitio web de la Administración del Seguro Social dice: “Generalmente, sólo los no ciudadanos autorizados para trabajar en los Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pueden obtener un SSN [número de Seguro Social]. Los SSN se utilizan para informar el salario de una persona al gobierno y para determinar la elegibilidad de esa persona para los beneficios del Seguro Social”.
Durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes la semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, acusado por la Cámara por no asegurar la frontera sur, dijo que su departamento no es responsable de garantizar que los no ciudadanos no voten.
“Congresista, las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos no pueden votar en las elecciones federales”, dijo Mayorkas en respuesta a una pregunta.
El secretario de Seguridad Nacional añadió más tarde: “Creo que son los funcionarios electorales estatales y locales los que supervisan la elegibilidad de las personas. No supervisamos el proceso de inscripción electoral. Lo que hacemos es hacer cumplir nuestras fronteras”.
