Madre De “Detransitioner” Suicidada Clama Justicia
Una madre de California que perdió a su hija por suicidio después de la transición y fue retirada de su custodia por no apoyar su identidad de género presentó un escrito amicus curiae instando a la Corte Suprema de los Estados Unidos a escuchar el caso de otra madre en Indiana que enfrenta la pérdida de la custodia por no apoyarla transición de género de la hija.
Abigail Martínez es una inmigrante salvadoreña que crió a cuatro hijos en California, uno de los cuales comenzó a cuestionar su sexualidad en medio de una lucha contra la depresión en la escuela secundaria.
El personal de la escuela le dijo a su hija que se uniera al club LGBTQ de la escuela, donde la madre afirma en su informe amicus curiae que el club de la escuela “la convenció de que la única manera de ser feliz era cambiar de género” y que el psicólogo de la escuela animó a su hija a hacer lo mismo. mismo.
Con una nueva política en la escuela que requiere que el personal use los pronombres y nombres preferidos de los estudiantes sin notificación o permiso de los padres, Martínez no fue informada de la nueva identidad de su hija y siente que “el personal de la escuela debería haberme ayudado, pero se convirtieron en mi peor enemigo.”
Después de que la hija de Martínez fuera hospitalizada por intentar suicidarse, Martínez dice que el psicólogo de la escuela le dijo a su hija que acusara a su madre de abuso para que “perdiera la custodia y el estado pagara los tratamientos de transición de género sin el consentimiento de los padres”.
Como resultado, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de California tomó a su hija y la colocó en un hogar grupal, después de lo cual un juez ordenó que a la hija de Martínez se le permitiera recibir hormonas cruzadas para promover su transición.
Mientras Martínez luchaba contra las acusaciones de abuso y finalmente fue exonerada y eliminada del registro de abuso infantil, poco después de que el tribunal determinara que ella era una madre apta, su hija se suicidó acostándose en las vías frente a un tren que se aproximaba.
Martínez había buscado que su hija recibiera tratamiento por su depresión subyacente en lugar de recibir hormonas cruzadas, una falta de tratamiento a la que ella culpa por el suicidio de su hija.
En Indiana, el caso MC y JC contra el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana sigue un contorno similar: un niño fue retirado de la custodia de sus padres, pero el estado lo consideró “apto” para las creencias religiosas de los padres sobre la identidad de género y la decisión de no hacerlo. apoyar la transición del niño.
En su caso, los padres alegan que Indiana no siguió la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda al impedirles criar a sus hijos según su fe, y que el Departamento de Servicios Infantiles de Indiana censuró los derechos de expresión de los padres de la Primera Enmienda al limitar lo que se les permitió hablar con su hijo durante sus visitas limitadas.
“Cuando los gobiernos usurpan el papel esencial de los padres en la vida de sus hijos, sobreviene la tragedia”, dijo Kayla Toney, abogada asociada del First Liberty Institute, quien representa a Martínez y presentó el escrito amicus curiae instando a la Corte Suprema a tomar el caso de Indiana.
“La Constitución garantiza que los estados no pueden atacar a los padres debido a sus creencias religiosas, interferir con la educación religiosa de sus hijos o imponer restricciones previas a la expresión en sus propios hogares. Esperamos que la Corte Suprema actúe para impedir que los funcionarios estatales cometan más violaciones de los derechos constitucionales de los padres con impunidad”.
Dado que los tribunales de Indiana confirman las decisiones del Departamento de Servicios Infantiles, el auto de certiorari presentado por los padres busca revisión por parte de la Corte Suprema. Si la Corte Suprema escucha el caso y falla en contra de Indiana, el resultado sería revocar leyes estatales en California, Washington y Oregon, y decisiones judiciales en Indiana, Ohio e Illinois que llevan a que los padres pierdan la custodia si no buscan o afirmar los tratamientos de transición de género para sus hijos.