Massachusetts ha lanzado una campaña contra los centros de recursos para el embarazo, calificándola de “campaña de educación pública” contra las organizaciones provida que utilizan tácticas “engañosas y peligrosas” para promover alternativas al aborto.
La campaña, financiada con una subvención de $1 millón de la legislatura estatal, fue lanzada oficialmente por la administración de la gobernadora demócrata Maura Healy y la vicegobernadora Kim Driscoll, también demócrata, el 10 de junio. La fiscal general Andrea Joy Campbell y la secretaria de Salud y Servicios Humanos Kate Walsh, ambas demócratas, también apoyan la campaña.
“Los centros antiaborto existen para bloquear el acceso a servicios completos, atención de alta calidad, basada en evidencia, ofrecida por proveedores autorizados. Eso es inaceptable”, afirmó Walsh en un comunicado de prensa. “La campaña de marketing está diseñada para proteger a las personas, instándolas a buscar atención de salud reproductiva segura e imparcial de cuidadores que puedan brindar la atención adecuada, la mejor atención, libre de coerción o desinformación”.
El comunicado de prensa agregó que actualmente hay más del doble de centros de recursos para el embarazo que centros de aborto en el estado. Según los líderes de Massachusetts, los centros de recursos para el embarazo se hacen pasar por “proveedores médicos integrales” que podrían coaccionar o desinformar a las mujeres que buscan abortar.
La campaña apareció en las redes sociales, vallas publicitarias, radio y transporte público, y fue creada por el Departamento de Salud Pública y la Fundación Reproductive Equity Now. La campaña del centro de recursos contra el embarazo es la primera de su tipo en el país.
Según The Boston Globe, Massachusetts ha estado apuntando a los centros de recursos para el embarazo durante años. En 2022, el entonces fiscal general Healy emitió un aviso al consumidor afirmando que los centros difunden información errónea.
Dos centros de recursos para el embarazo, First Liberty Institute y Massachusetts Family Institute, escribieron a Healy en ese momento, defendiendo su trabajo y pidiéndole que levantara la advertencia, diciendo que constituía discriminación.
“Las creencias religiosas de los PRC [centros de recursos para el embarazo] los motivan a cuidar a las mujeres que enfrentan embarazos no deseados”, decía la carta. “Reparten pañales, toallitas, fórmula, papillas, mantas y ropa gratis. Muchos ofrecen programas para padres que ayudan a preparar a los nuevos padres que enfrentan la importante tarea de criar a sus hijos”.
La carta también señalaba:
Otros ofrecen exámenes de detección de ETS gratuitos junto con pruebas de embarazo, consultas médicas y asesoramiento profesional gratuitos. Para quienes responden negativamente a su experiencia de aborto, los PRC brindan asesoramiento y mentores de apoyo.
Estos son los grupos a los que se dirigió su carta… En lugar de proteger a estas organizaciones religiosas que brindan servicios profesionales de salud reproductiva, como es el deber de su oficina, su carta las ha puesto en mayor peligro.
La carta agregaba que al menos dos centros de recursos para el embarazo tienen licencia del Departamento de Salud Pública del estado como clínicas médicas, mientras que otros tienen consejeros profesionales autorizados.
Los centros además criticaron a Healy por exponerlos a mayores ataques violentos y vandalismo cometidos por individuos y grupos pro-aborto.