El gobierno de Nicaragua ha intensificado su campaña contra la Iglesia Católica, emitiendo un ultimátum para que las hermanas religiosas que quedan en el país se vayan antes de diciembre, según un informe de La Croix International.
La expulsión marca otra fase de la persecución sistemática del presidente Daniel Ortega contra la Iglesia, que incluye acusaciones, confiscaciones y expulsiones contra el clero y grupos religiosos. La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, exiliada en Texas, destacó esta continua represión en su detallado informe Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?, que documenta los ataques del régimen a las instituciones católicas desde abril de 2018 hasta 2023.
El ultimátum se suma a un ambiente ya hostil para las hermanas religiosas, muchas de las cuales han buscado refugio en países latinoamericanos vecinos donde sus congregaciones están activas.
“A las monjas ya se les prohibió trabajar en organizaciones sin fines de lucro, ahora se les están confiscando todos sus bienes”, explicó Molina.
Entre los expulsados anteriormente estaban las Misioneras de la Caridad, una congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta, que había servido a los pobres del país desde 1988. Fueron acusadas de delitos financieros, incluido “lavado de dinero” y “financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La hostilidad del régimen de Ortega hacia la Iglesia Católica no es nueva. Ha incluido la expulsión del nuncio apostólico en 2022 y el exilio forzado del clero, incluido el obispo Rolando Álvarez y otros 245 sacerdotes. El mes pasado, el obispo Carlos Enrique Herrera Gutiérrez de Jinotega fue arrestado y expulsado, y a los sacerdotes católicos se les prohibió atender a los enfermos en los hospitales públicos. Estas acciones ponen de relieve el intento del régimen de reprimir a una Iglesia considerada un oponente clave a su régimen represivo.
Ortega, un ex guerrillero marxista, ha mantenido una relación conflictiva con la Iglesia Católica, que representa el 58,5% de la población de Nicaragua. Desde que regresó al poder en 2007, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han atacado cada vez más a la Iglesia por sus críticas a los abusos de los derechos humanos y la represión en el país. Ortega ha etiquetado a la Iglesia como un adversario político, atacando a los obispos que alientan las protestas pacíficas y que abogan por los valores cívicos y evangélicos.
El Papa Francisco, en una carta pastoral del 2 de diciembre , ofreció su solidaridad a los católicos de Nicaragua. Sin abordar directamente la situación política, el Papa reconoció su sufrimiento.
“Precisamente en los momentos más difíciles, cuando se vuelve humanamente imposible comprender lo que Dios quiere de nosotros, estamos llamados a no dudar de su cuidado y de su misericordia”, escribió.
No es la primera vez que el papa Francisco aborda la difícil situación de Nicaragua. El año pasado, comparó el régimen de Ortega con la dictadura de Adolf Hitler, describiéndolo como una “dictadura grosera” liderada por un presidente “desequilibrado”.
La situación pone de relieve el deterioro del estado de las libertades religiosas y civiles en Nicaragua, mientras el régimen de Ortega continúa su agresiva campaña contra la Iglesia, dejando a los fieles del país en una posición precaria.